Mientras los países vecinos registran crecimientos entre el 4 % y el 10 %, El Salvador lleva dos décadas con un crecimiento que no alcanza ni el 3 %. Y los flujos de inversión están en saldos rojos.
Solo ha habido, en un lapso de cuatro décadas, dos ocasiones en las que El Salvador ha logrado crecer hasta un 6 %; y fue en la década de los años 60 y en la de los años 90, aseguró ayer el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo. Fuera de esos dos momentos, El Salvador "nunca ha sido un tigre del crecimiento"; por el contrario, desde el año 2000, es el que ha tenido el más bajo crecimiento económico, no solo en el istmo centroamericano sino que también se ha mantenido entre los cinco países con menor crecimiento en toda la región latinoamericana.
En las últimas dos décadas, el crecimiento de El Salvador ha oscilado entre el 2 % y el 3 %. Y eso es insuficiente no solo a juicio de Acevedo, sino también a juicio del economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Ambos participaron ayer en el foro denominado "Situación económica en El Salvador y sus perspectivas", organizado por el consejo de decanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
“Tenemos un reto realmente muy importante. Necesitamos crecer a tasas más altas para generar empleos de calidad, y sacar de la pobreza a 1.7 millones de compatriotas que viven (en esa condición)”.
Carlos Acevedo, economista.
"Para este año, las proyecciones de crecimiento son, de nuevo, de entre 2.6 % y 2.8 %, la más baja de la región. Entonces, tenemos un reto realmente muy importante; necesitamos crecer a tasas más altas para generar empleos de calidad, y sacar de la pobreza a 1.7 millones de compatriotas que viven en pobreza", expresó Acevedo.
"Es inaceptable que en El Salvador haya 1.7 millones de personas viviendo en pobreza y que de ellas medio millón viva en pobreza extrema, es decir, que no tenga ni siquiera para comer", agregó.
Si bien el problema del bajo crecimiento es histórico, las razones de fondo están teniendo cada vez más serias implicaciones en la economía nacional: 7 de cada 10 salvadoreños dependen de un empleo informal, destacó Castaneda, "lo que significa que no tienen seguridad social, que no van a tener una pensión cuando llegue su edad de retiro, y que sus ingresos están por debajo del salario mínimo". Más aún, El Salvador está convirtiéndose en una nación cada vez más dependiente de las remesas.
"Y hay otro aspecto: conforme han ido pasando los años, la proporción del ingreso que se quedan los y las trabajadoras ha disminuido, mientras que la proporción que se quedan las empresas, a través de lo que se conoce como excedente bruto de explotación, es decir la ganancia, ha aumentado. Y esto es importante tenerlo presente, porque significa que luego de que intervenga una política fiscal, por medio de los impuestos que pagamos en gastos públicos, esta situación debería cambiar", anotó Castaneda.
“La proporción del ingreso que se quedan los y las trabajadoras ha disminuido, mientras que la proporción que se quedan las empresas, lo que se conoce como excedente bruto de explotación, la ganancia, ha aumentado”.
Ricardo Castaneda, economista.
Desaceleración económica
En opinión de Castaneda, "El Salvador está estancado en una desaceleración económica" y la situación no va a cambiar por una razón: hoy se cumplen cuatro años del gobierno de Nayib Bukele y los planes de gobierno, que deberían estar publicados en los portales de transparencia estatales, o no existen o están bajo reserva.
"Algunos planes de gobierno aun están en proceso de elaboración y ya solo les queda un año de gobierno", cuestionó.
Acevedo, por otra parte, enumeró la algunas medidas que podrían mejorar el crecimiento económico, pero que no van a ser posibles: la Inversión Extranjera Directa, "donde también tiene problemas El Salvador", pues cerró 2022 con un flujo negativo por -$99 millones; se estima que la inflación va a bajar probablemente al 4 %, pero las familias ya acumulan déficit en su poder adquisitivo; además, "el último informe del FMI (Fondo Monetario Internacional), que el Ejecutivo ha prohibido que se publique, recomienda al Gobierno generar confianza (en inversionistas) fortaleciendo la independencia judicial".
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