El acuerdo que El Salvador logró cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace casi un mes le permitirá obtener $1,243 millones en financiamiento durante este año, tanto de este organismo como de la banca multilateral.

El programa de financiamiento incluye $343 millones del FMI, $250 millones del Banco Mundial, $450 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $150 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $50 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), según los documentos del acuerdo.

Solo esta semana, el BID y el Banco Mundial aprobaron $620 millones al país. En el caso del BID, la junta directiva de este organismo autorizó un préstamo especial de $500 millones para apoyo presupuestario, “mientras El Salvador implementa reformas estructurales para restaurar la sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento y la resiliencia”, dijo el organismo en un comunicado.

“La financiación  proporcionará al país el espacio fiscal para avanzar en reformas para aumentar los ingresos fiscales, reducir la deuda pública, reconstruir las reservas internacionales y mejorar la gobernanza y la integridad financiera”, añadió el BID.

En el caso del Banco Mundial, el préstamo aprobado esta semana asciende a $120 millones para la atención primaria en salud.

Con los fondos, se financiará un programa de cinco años, con el que las autoridades buscan “fortalecer el sistema de salud del país a través de mejoras en infraestructura y equipamiento, la expansión de servicios de atención especializada y el desarrollo de un modelo de redes de salud”.   

Cuando el presupuesto general de 2025 fue aprobado por la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2024, el Ministerio de Hacienda destacó que este era “el primero en décadas sin incluir un centavo de deuda para gasto corriente”, ya que la brecha presupuestaria era de “cero dólares”.

Para el economista Rafael Lemus, la aparición de un préstamo de “apoyo presupuestario” -en referencia al préstamo del BID- marca una “contradicción” con los mensajes difundidos por las autoridades respecto al presupuesto de 2025.

“Esos $500 millones se desembolsan (de una vez) por lo que suma a la deuda”, y en sus cálculos esto  agregaría alrededor de un 1.4% del PIB a esta cuenta estatal.

Si el gobierno toma los fondos y paga deuda “sí tendría sentido, porque sustituiría deuda cara por una que es más baja”, explica el analista.

“La deuda ha crecido un montón, las operaciones para diferir pagos, las recompras de bonos ayudaron a mover vencimientos para más adelante, pero el problema es que eso aumentó el costo” de toda esa deuda, señala Lemus, porque se colocaron a tasas arriba del 9%. 

“Es cierto, quitamos vencimientos de mediano plazo, los pasamos a largo plazo, pero subimos el costo de la deuda”, apuntó.  El economista recuerda que a partir de 2027 se reanudan los pagos de la deuda de pensiones, por los títulos emitidos hasta la reforma de 2022, “por lo que todo el esfuerzo fiscal es para hacer espacio para lograr pagar eso”.

“Antes hablábamos de riesgo de impago; hoy hablamos de los desafíos de cumplir un compromiso de estabilidad fiscal”, dijo Lemus en alusión al acuerdo con el FMI.