El Gobierno de El Salvador aprobó en junio de 2021 la Ley Bitcóin, que le daba carácter legal a la criptomoneda, creó la plataforma Chivo, y señaló que sus grandes beneficios eran promover “una verdadera inclusión financiera”, facilitar y abaratar el envío de remesas y generar dinamismo económico.

Esta aprobación frenó en su momento las negociaciones entre el FMI y el Gobierno para llegar a un acuerdo de Servicio Ampliado, que ya fue aprobado por el directorio a finales de febrero, después de estar en pláticas cuatro años.

El FMI siempre fue muy crítico de la criptomoneda y pidió desde un inicio evaluar los riesgos. Pero en 2023, además de esa solicitud, hizo una serie de advertencias sobre la falta de beneficios de esta medida. Ese análisis hecho en marzo de 2023 en la evaluación del Artículo IV fue vetado por el gobierno.  Pero el FMI lo publicó hasta esta semana, ya que ante la llegada de un acuerdo con el organismo multilateral el Ejecutivo se comprometió a publicarlo.

En este, el Fondo subraya lo que había repetido en análisis desde la adopción, “que el proyecto conlleva riesgos considerables”, pero además agregó que “no existe evidencia de ningún caso de uso beneficioso de bitcóin para la población no bancarizada”, que este no ha contribuido a la inclusión financiera y tampoco ha ayudado a promover las remesas digitales. 

Destaca que “la adopción de bitcóin como moneda de curso legal no ha generado mejoras visibles en la inclusión financiera”. Este análisis fue hecho a más de un año de la legalización de la criptomoneda.
Además,  recalca que “a pesar del amplio uso de fondos públicos para subvencionar los costos de transacción de bitcóin, su aceptación y uso por parte de particulares y empresas sigue siendo mínimo”. 

En materia de uso, en octubre de 2022 la encuesta de Dinámica Empresarial de FUSADES señalaba que un 97.75% de las empresas nunca había hecho una venta en bitcóin; mientras la llegada de remesas por medio de billeteras cripto nunca sobrepasó el 2% y la tendencia a la fecha ha sido de disminución.

Es más, hace un énfasis en que “Chivo, más que un medio de pago, funciona como una plataforma de intercambio totalmente subsidiada para beneficio de la población bancarizada y con tendencia al riesgo”.

Y agrega que se utiliza para inversiones de alto riesgo y especulativas, lejos de las necesidades de la población no bancarizada. 

Para el FMI “bitcóin no cumple con los requisitos mínimos para operar como moneda ni tiene la capacidad de facilitar pagos rápidos y económicos a quienes están excluidos del sistema financiero formal”. 

Recomendaciones

Ante esta visión el FMI recomendó al gobierno aumentar la transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de bitcóin. Esto implica divulgar datos de uso, informes financieros, compras con “dinero de los contribuyentes”; entre otras medidas.

Asimismo, sugirió que Chivo se convirtiera  en una empresa autofinanciada, regulada por el Banco Central de Reserva. 

Con la aprobación del acuerdo, los cambios ya se empezaron a ver, el bitcóin ya no es moneda de curso legal, Chivo será privatizada y ya se publicaron sus estados financieros, se liquidará el fideicomiso bitcóin, entre otras medidas que desarticulan el ecosistema. Lo que no ha dejado de hacerse son las compras.  El gobierno sigue comprando las monedas, en la última semana agregó 9 monedas más para tener en total 6,123.