Esta fue una de las quejas presentadas en la más reciente reunión de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Debate. El diálogo social y tripartito en el país se discutió en la OIT este mes.
Durante la última reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) varios representantes del sector empleador de la región denunciaron supuestas presiones a gremiales que forman parte de la Asociación Nacional de la Empresa (ANEP), para que su actual presidente, Javier Simán, renuncie al cargo.
Los empleadores comentaron que durante el periodo en que el Consejo Superior de Trabajo ha estado inactivo, el Gobierno ha convocado a reuniones a gremiales socias de ANEP que pertenecen a sectores regulados o que dependen de permisos estatales.
Lo anterior no les permite rechazar las convocatorias y les impide exigir el diálogo tripartito a través de la ANEP, "la entidad más representativa de los empleadores de El Salvador", dijo uno de los representantes del sector empleador que intervino en el informe sobre El Salvador, según un documento publicado por la OIT.
"El objetivo es presionar hasta que el presidente de ANEP renuncie a su cargo. Esta gravedad nos ha llevado, con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), a solicitar la intervención urgente del director general de la OIT. Los empleadores deben seguir siendo libres para elegir a sus representantes", expuso durante el encuentro Waldo Jiménez, presentante de los empleadores salvadoreños .
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, al responder, alegó que "el Gobierno tampoco debe de incidir en quién representa a los trabajadores. La representación no solamente debe de gozar de legalidad sino también de legitimidad, eso tiene que ver con la representatividad que se tiene".
"Nada tiene que ver con la ANEP y con todos los gremios empresariales, estamos haciendo todo los procesos que el órgano tripartito nos envía", concluyó el funcionario durante la reunión en la que representó al Gobierno de El Salvador.
El Gobierno asegura que el art. 37 de la Constitución textualmente dice: “el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio”. Y que antes la ANEP no solamente proponía su sector, sino que el ministro que se iba a la OIT era propuesto por la ANEP y el sector laboral que tenía en ese momento también era propuesto por la ANEP.
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