Las pláticas sobre un posible acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han generado expectativa durante las últimas semanas entre inversionistas, agencias calificadoras de riesgo e incluso la banca multilateral, según ha trascendido en el país.

Para el representante del Banco Mundial en El Salvador, Óscar Avalle, lograr un acuerdo con este organismo es "algo positivo" para el país "si es que se está avanzando en esta dirección", aunque aclaró que la decisión de si es conveniente o no "es eminentemente soberana".

"No me corresponde a mí como Banco Mundial dar un juicio sobre si un país debe tener o no un acuerdo", señaló Avalle. "El Fondo Monetario es institución hermana del Banco Mundial, en función de eso trabajamos muy de cerca con el Fondo Monetario constantemente. Obviamente consideramos que el trabajo del Fondo Monetario es un trabajo que apoya directamente a los países que lo así requieren", indicó el representante de la institución.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado de manera oficial sobre sus intercambios con el FMI en los últimos meses, aunque en 2020, cuando salió al mercado internacional con una colocación de $1,000 millones en bonos, en el documento de venta de esa emisión, se dijo a los inversionistas que estaban en pláticas preliminares para buscar un acuerdo precautorio con el FMI.

Antes de las elecciones del domingo anterior, las agencias calificadoras de riesgo daban por hecho ese acuerdo, pero estimaban que este llegaría después de las elecciones y con la nueva Asamblea Legislativa.

El FMI, por su parte, únicamente ha dicho que ha estado "manteniendo diálogos productivos, incluyendo cómo el FMI puede apoyar la agenda de políticas del país". "Por eso nos interesa mucho que El Salvador tenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque eso le dice, no solo al BCIE sino a todo el mundo: las finanzas públicas de El Salvador son sostenibles a largo plazo, y por eso es tan importante ese acuerdo con el Fondo Monetario y por eso estamos apoyando a las autoridades en este financiamiento para que el programa que acuerden con el fondo sea un programa totalmente financiado", comentó a finales de febrero el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi sobre las conversaciones entre el Gobierno salvadoreño y el FMI.

Ya consumado el triunfo del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, en los comicios de la Asamblea Legislativa del domingo, con la obtención de la mayoría calificada (56 votos de 84), la agencia calificadora Fitch Ratings comentó en un reporte que "la obtención de financiamiento externo a través de un programa con el Fondo Monetario Internacional estaría supeditada a compromisos de ajuste fiscal, estimados en un 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), antes de la pandemia.

"El Gobierno ha estado negociando desde el año pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando estaba el ministro Nelson Fuentes ya estaba muy avanzado este acuerdo; sin embargo con la nueva administración prácticamente ha estado en 'stand by', pero las conversaciones han seguido", comentó ayer Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en la entrevista radial Diana Verónica y Tony.

El economista señaló que la negociación se ha llevado a cabo "sin una hoja de ruta concreta" de parte de El Salvador, pues el país no cuenta con un plan de gobierno, un plan anticrisis ni un marco fiscal de mediano plazo, el cual incluye medidas para estabilizar las finanzas públicas.

En su reporte de esta semana, Fitch también remarcó que el Gobierno salvadoreño debe de crear una estrategia fiscal de mediano plazo y que, con la nueva correlación en el parlamento salvadoreño, será más fácil para el Ejecutivo realizar un ajuste fiscal, aunque recalcó que no se conocen los planes específicos en esta materia.

Castaneda, por su parte, recordó que cuando el Gobierno obtuvo un préstamo rápido de $389 millones el año pasado con el FMI "sin condiciones", junto a ese crédito el organismo publicó un documento en el cual establecía medidas que el país podría adoptar: un monotributo, es decir un impuesto al sector informal; aprobar un impuesto a la propiedad, implementar la factura electrónica para reducir la evasión, aprobar un aumento de los impuestos selectivos a los combustibles, y promover las jubilaciones anticipadas. "Cualquier cambio que se haga en la política fiscal debe de ser producto de un acuerdo entre los distintos sectores", dijo.

Presión fiscal

Castaneda destacó que el Gobierno debe de hacer frente a varios pagos como las Letras del Tesoro (LETES), los Certificados del Tesoro (CETES), el pago a proveedores y el FODES, los cuales suman $2,700 millones, según estimó. "Ha llegado el momento de tomar decisiones", resaltó el economista, quien recordó que en el Plan Cuscatlán el presidente ofreció un pacto fiscal como política de Estado, por lo que los acuerdos a tomar tendrían que ser entre múltiples sectores.