La ausencia de transparencia hace imposible analizar el impacto de la reforma al sistema de pensiones, por lo que no se puede hablar de "beneficios", advirtieron ayer los economistas Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), y Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Ambos señalaron la reserva de información que el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones colocó, por siete años, sobre las condiciones del canje de deuda previsional, mediante la cual los Certificados de Inversión Previsional (CIP) pasaron con la nueva ley a ser Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), como el principal problema para determinar si ese canje será o no beneficioso para los ahorros de los trabajadores para su pensión.

"No tenemos información oficial sobre en qué condiciones se ha negociado hacer ese canje. Lo que sabemos ha sido a través de las calificadoras", reiteró Acevedo.

El economista explicó que el período de cuatro años de gracia que logró el Gobierno para pagar capital e intereses de la deuda que tiene con el fondo de pensiones, una deuda que asciende a más de $8,300 millones, implicará que se ha librado de pagar entre $500 y $900 millones al año (entre capital e intereses).

"Ese dato, desde el punto de vista del interés de los trabajadores sería lesivo para los trabajadores", declaró Acevedo. No obstante, trajo a cuenta que es necesario complementarlo con otro dato importante de la reforma: que cuando el Gobierno comience a pagar deberá pagar el 7 % de interés y no el 3 %.

"Para mí, la clave para saber si es cierto que al final de cuentas va a haber un beneficio para los trabajadores es traer todos estos flujos a valor actual y compararlos con el escenario donde no había período de gracia ni tasa del 7 %. Yo me sospecharía que probablemente sale mejor el nuevo escenario, pero para saberlo tendríamos que tener a la vista todos los estudios actuariales, que también son información reservada", explicó el extitular del BCR.

"Yo agregaría , como un hecho simbólico, que tanto Standard & Poor’s como Fitch Ratings señalaron que el Gobierno de El Salvador cayó en impago, cayó en ‘default’ (al prorrogar el pago de la deuda previsional)", apuntó por otra parte Castaneda. Aunque también señaló la ausencia de transparencia, hizo énfasis en que la nueva legislación no tiene nada de "integral", porque no aumenta la cobertura ni aumenta los fondos de las cuentas individuales de los cotizantes, por lo que persistirá el hecho de que 8 de cada 10 adultos mayores no tendrá una pensión.