Los expertos aseguran que el aumento a las penas no prevendrá que se cometan estos delitos, como asegura el fiscal general y el ministro de Seguridad.
Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro durante sesión con comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa. Foto/ Asamblea Legislativa.
Abogados penalistas consideran que aumentar o duplicar las penas para el robo y otros delitos patrimoniales no prevendrá precisamente el cometimiento de los mismos, como afirmaron recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la Asamblea Legislativa.
Delgado dijo recientemente que las reformas al Código Penal para ampliar las penas de prisión buscan evitar estos delitos. “Robos y hurtos siempre han estado presentes, pero no debemos conformarnos y evitar que una súbita escalada se convierta en un problema para la sociedad”, aseveró el funcionario.
Mientras que Villatoro dijo que “no podemos ser esa generación que va a emular. No tenemos porqué esperar a tener una plaga de rateros para tomar medidas”.
Entre los delitos que duplicarán prácticamente su pena están el robo agravado, que en el Código Penal actual contempla una pena de prisión de 8 a 12 años, pero con la reforma pasarían de 20 a 30. El delito de robo pasaría de 6 a 10 años a condenas de hasta 20 años en la cárcel.
Otros de los delitos contemplados y que tendrían un aumento de penas son la estafa, que actualmente tiene una condena de dos a cinco años de prisión pero si se llegara a reformar el artículo 215 del Código Penal, que contempla este delito, los años aumentan de cinco a ocho.
“Querer aumentar de manera desmedida ese tipo de delitos no va a cumplir el hecho de prevenirlos como tal, sino que va a ocasionar una sobresaturación en el sistema penitenciario, que ya se encuentra totalmente saturado”, opinó el abogado penalista Otto Flores, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Flores cree que estas reformas significan que el “Gobierno no tiene la capacidad o el dinero para generar proyectos de prevención de la delincuencia”. Además, cuestionó la falta de estadísticas por parte de las autoridades de Seguridad para demostrar cómo ha sido el movimiento de estos delitos.
“Somos uno de los países que mayor castigo tenía para el homicidio agravado y aún así éramos uno de los países con mayor cantidad de delitos de homicidio”, remarcó el especialista.
La también penalista Marcela Galeas cree que hay un “exceso punitivo” y el aumento de estas penas no prevendrían los delitos. Sostiene que en vez de aumentar las penas privativas de libertad en delitos patrimoniales debería de introducirse sanciones o medidas que conduzcan hacia el resarcimiento del daño.
“La amenaza que produce el incremento de penas como fin disuasorio se encamina a la desproporción y a una inseguridad jurídica que debería evitarse, ya que no existen argumentos criminológicos tangibles y demostrables que puedan sostener que esa es la vía adecuada de prevención del delito”, afirmó la abogada.
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