La Asociación de Periodistas mencionó que la opacidad en la que se ha realizado el allanamiento y decomiso de equipo periodístico sienta un precedente "nefasto". Presentarán el caso ante el Comisionado de Derechos Humanos, Andrés Guzmán y organismos internacionales.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) brindó una conferencia en la que destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) les ha negado información sobre el allanamiento realizado la noche del 4 de diciembre en el domicilio de la periodista Mónica Rodríguez, en donde le decomisaron equipo periodístico.
La Asociación mencionó que realizaron una diligencia posterior al allanamiento en la sede fiscal ubicado sobre la calle La Sultana, en Antiguo Cuscatlán, en la que solicitaron la información de si existe alguna imputación contra la comunicadora y su pareja, así como detalles de la misma; sin embargo, no les dieron información.
"Se requirió la información del expediente, necesitamos saber de qué se trata para saber cómo defendernos, y lo que literalmente se nos dijo es que no se puede dar información, que lo único que podemos solicitar es una constancia de si esas personas tienen delitos, lo cual darían en unos 15 días", mencionó Oswaldo Feusier, abogado de la APES.
El abogado mencionó que aunque el caso tenga reserva, según indicaron los agentes y elementos fiscales al momento del procedimiento, siempre se debe informar a las personas sobre si existe alguna imputación en su contra y cuál es el objeto del mismo.
"El morador debe tener información sobre la procedimiento que se realiza, qué se está buscando y el tribunal que lo avaló. Son cosas que deben quedar por escrito. El allanamiento tuvo elementos que lo vuelven sospechoso (...) Nos preocupan los precedentes nefastos", agregó.
La noche del miércoles 4 de diciembre la periodista del medio comunitario Bálsamo Radio TV, Mónica Rodríguez, informó sobre el allanamiento en su casa de habitación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el que le quitaron equipo de su trabajo como computadora, memoria USB, discos duros, teléfonos móviles y tarjetas de crédito de su compañero de vida.
LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la Fiscalía, a través de su equipo de comunicaciones, sobre la denuncia de la APES respecto a la negativa de brindar información del allanamiento de la periodista, pero al cierre de esta nota aún se esperaba respuesta.
El presidente de la APES, Sergio Arauz, indicó que están en la elaboración de carpetas con toda la información sobre este hecho y lo presentarán al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, para que pueda realizar alguna diligencia. Además, enviarán información a otros organismos internacionales de prensa.
"No puedo decir que espero de parte del comisionado una respuesta o denuncia en defensa de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas porque todavía no he visto ninguna manifestación clara de él", indicó.
"Queremos que ejerza el trabajo para el cual está contratado, que brinde una respuesta, cualquiera que pueda dar, pero que esté notificado", expuso Suchit Chávez, de la directiva de la APES.
La Asociación también emitió una alerta denunciando presiones de la Fiscalía hacia un periodista para que revele información de sus fuentes, lo cual ha acarreado mucha preocupación en el comunicador y el gremio, pues consideran que "estamos en un contexto de régimen de excepción y eso conlleva la suspensión de derechos constitucionales, además de la falta de independencia jurídica", externó Arauz.
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