Afectados por el desfalco en la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi) llegaron nuevamente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para exigir la devolución de sus ahorros y denunciaron que a casi un año de que iniciaran las investigaciones por el fraude la Fiscalía, todavía no los han citado para tomar en cuenta sus testimonios de lo ocurrido.

"El juez que lleva el caso le dio prórroga a la Fiscalía y esa prórroga se vence en el mes de abril. A día de hoy, con más de 600 denuncias que hemos interpuesto ante Fiscalía, a ninguno de nosotros se nos ha citado para declarar. ¿Cómo es posible que está a punto de acabar el plazo para presentar las pruebas de lo que ha pasado en la cooperativa y a ninguno se nos ha citado?", explicó Juan José Ortiz, vocero de los afectados.

• Leé también: Superintendencia habilita capa de $35,000 para afectados Cosavi

Las cerca de 350 personas que están agrupadas en el grupo llamado "Afectados por Cosavi" también afirman que las devoluciones de dinero que se han hecho hasta hoy (para los que tienen un límite de $35,000 en la cooperativa) son insuficientes para resolver a todos.

Las 350 personas que estamos agrupadas no hemos recibido un cinco desde que fue intervenida la Fiscalía. Más del 60 % de los afectados seguimos esperando una respuesta favorable para recuperar nuestros ahorros, a un año de iniciado el proceso. Lamentablemente la capa se ha detenido en $35,000", expuso Ortiz.

Allanamientos a Unidehc frenaron denuncia

Juan José Ortiz también hizo referencia a la captura de Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y los allanamientos a las oficinas de esta organización, cuyos abogados estaban colaborando con los afectados de Cosavi.

Qué casualidad que la misma semana que íbamos a poner una demanda contra la titular de la SSF (Evelyn Gracias) nuestros abogados y Unidehc son intervenidos por la Fiscalía. No nos parece casual esa intervención. Creemos que tenía por objeto golpear a una organización que nos apoyaba en nuestras acciones legales", explicó.

Rudy Joya e Ivania Cruz, abogados y voceros de Unidehc, son los apoderados legales de este grupo de afectados por Cosavi. Cruz dijo en declaraciones tras los allanamientos de finales de febrero que la documentación de este caso y de otros con los cuales colaboran está resguardada y que no fue incautada por la Fiscalía.

Ortiz dijo que seguirán trabajando y apoyando a Unidehc y que esperan pronto retomar las acciones que planeaban para seguir luchando por la devolución de sus ahorros y por el respeto al derecho de los afectados.