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Alcaldías podrán usar dinero para obras en gastos administrativos por dos años

La nueva ley de transición para la reestructuración municipal permite a las nuevas alcaldías trasladar y disponer libremente de los fondos de los distritos, incluyendo los recursos destinados a obras.

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Las 44 nuevas alcaldías que asumirán a partir del 1 de mayo podrán utilizar los fondos destinados para obras municipales en gastos administrativos de los 262 distritos que agruparán, por al menos dos años.

La Asamblea Legislativa aprobó la noche de este lunes la "Ley especial de transición para la reestructuración municipal", que otorga dos años para completar el proceso de transición, y obliga a funcionarios y empleados de alcaldías a proporcionar información necesaria para la contabilidad de los 44 nuevos municipios.

Según el artículo 6 de la ley, aprobada por dispensa de trámite con los votos de 65 diputados, los fondos disponibles en las cuentas bancarias de las anteriores 262 alcaldías "podrán ser trasladados a las nuevas municipalidades, o bien, conservarse y/o trasladarse entre cuentas de los distritos o dependencias" según decida el concejo municipal.

Sin embargo, en el inciso tercero establece que los recursos de estas cuentas "serán de libre disponibilidad para los nuevos municipios con el propósito de hacer frente en forma inmediata a sus diferentes compromisos", incluyendo "obligaciones laborales, adquisiciones de bienes y servicios, pago de obras y proyectos, y cualquier otro compromiso que la municipalidad considere legal y conveniente para su desarrollo".

Esto significa que los concejos municipales tendrán la potestad de reorientar fondos destinados a obras públicas municipales, para gasto corriente, como pago de salarios, alquileres y servicios.

Además, según el artículo 7 de dicha normativa, los concejos municipales pueden solicitar a los acreedores financieros de cada distrito "modificar el destino de los fondos otorgados por préstamos suscritos", para invertirlos dentro del municipio "en el objeto que consideren conveniente".

Así, los préstamos adquiridos en un distrito específico podrían incluso ser traducidos en obras para un territorio distinto al que fueron destinados en un inicio.

Además, en su artículo 10, la ley establece que los nuevos concejos municipales también podrán usar el dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) y del Fondo de Apoyo Municipal (FAM) para atender “cualquier necesidad” de las alcaldías que gobernarán desde el 1 de mayo de 2024. 

“Dentro de los dos años establecidos para la transición, los concejos municipales podrán decidir utilizar los FAM y FODES para atender cualquier necesidad dentro de los municipios”, indica la normativa, que no pone límites a este gasto, destinado en un 75 % a obras municipales.

Dos años

La ley especial de transición municipal también otorga un plazo de dos años para completar el proceso de agrupación de los distritos en las nuevas comunas.

En ese plazo, los funcionarios y empleados municipales salientes el 30 de abril de 2024, deben dar la información necesaria para poner al día la contabilidad de los 44 nuevos municipios ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) del Ministerio de Hacienda.

Según la normativa, "el proceso de transición de los aspectos señalados en la ley y lineamientos emitidos deberá concluirse el 25 de abril del presente año"; pero los concejos municipales "tendrán un periodo de dos años, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para realizar las acciones administrativas y financieras que aún se encontraren pendientes de efectuar para lograr el cierre y total liquidación de los ahora distritos".

De acuerdo al decreto, los funcionarios y empleados "que no ejecuten las labores que les competen para el cierre y liquidación" en dicho plazo, "serán destituidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años".

Hacienda será el delegado de verificar que los funcionarios o empleados de la gestión saliente entreguen toda la información necesaria, y el "el incumplimiento dará derecho al Ministerio de Hacienda a dar aviso a la Fiscalía General de la República".

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