Ante las recientes declaraciones de Donald Trump,  presidente electo de  Estados Unidos, sobre la deportación de más de 25 millones de personas que residen en el país de forma irregular, la Alianza Nacional por el TPS anunció que defenderá los derechos de los migrantes.

El discurso antiinmigrante de Trump durante la campaña fue muy beligerante, al acusar a los inmigrantes de generar criminalidad, llegar al país a delinquir y robar los trabajos de los estadounidenses, al tiempo que prometió usar una ley marcial para detener masivamente a personas indocumentadas y expulsarlas.

Ante el gane de Trump y las declaraciones emitidas en campaña, la Alianza Nacional por el TPS reafirmó su compromiso “para defender los derechos y la dignidad de los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) y las comunidades inmigrantes”.

José Palma, coordinador de la Alianza, explicó en un comunicado que “para cientos de miles de beneficiarios del TPS, la deportación es una cuestión de vida o muerte, y no permitiremos que las fuerzas políticas pongan en peligro a nuestras familias ni a las comunidades a las que servimos”.

El regreso de Trump a la Casa Blanca está llamado a remodelar la política exterior  estadounidense, prometiendo cambios potencialmente radicales en múltiples frentes, entre ellos la migración.

La primera presidencia de Trump (2017-2021) se caracterizó por políticas migratorias agresivas. Y prometió ir aún más lejos de regresar a la Casa Blanca. Durante la campaña para su segundo mandato, declaró que desde el primer día “comenzará la mayor operación de deportación interna en la historia de EUA”.

Nery Alas, salvadoreña titular del TPS, residente de Las Vegas en Nevada, afirmó que los tepesianos son conscientes que “los próximos cuatro años serán una batalla cuesta arriba”.

El TPS es una política migratoria de Estados Unidos que otorga permisos de residencia temporal a personas de ciertos países afectados por conflictos armados, fenómenos naturales u otras condiciones extraordinarias que hacen peligroso el retorno seguro de sus ciudadanos. Los beneficiarios del TPS reciben permisos de trabajo y protección temporal contra la deportación.

Este programa está dirigido principalmente a personas de países en condiciones inestables como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Siria, entre otros.

Sin embargo, el TPS es un estatus temporal y no proporciona una vía directa a la residencia permanente, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de estas personas en el país.

Durante la primera administración de Donald Trump, en 2017, el gobierno intentó poner fin al TPS.  La decisión de eliminar el programa se basaba en la idea de que las condiciones originales que justificaban esta protección ya no existían, argumentando que estos países estaban en condiciones suficientemente estables para recibir a sus ciudadanos de vuelta.

En respuesta, grupos como la Alianza, varios estados y activistas, presentaron demandas para frenar la terminación del programa, argumentando que la decisión era arbitraria y discriminatoria.

En junio de 2023, el gobierno estadounidense amplió el TPS para El Salvador hasta marzo de 2025. La extensión del Programa benefició a más de 411,000 migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal para trabajar en Estados Unidos y evitar su deportación.

El 9 de marzo de 2025 finaliza la extensión de quienes están bajo el beneficio del TPS. Se desconoce qué sucederá con los migrantes  beneficiados. El Salvador posee más de 230,000 migrantes  con el TPS.