Según estimaciones con cifras oficiales, el CECOT es el único centro penitenciario que no está al máximo. El resto tendría una ocupación de 97,312 reos, lo que implica un hacinamiento del 357 %.
El 11 de junio el presidente Nayib Bukele informó sobre el traslado de 2,000 privados de libertad al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) con lo cual se totalizan, según los informes del mismo mandatario, 14,532 reclusos en dicho recinto carcelario, lo que es igual a decir que está a un 36.3 % de su capacidad máxima.
De acuerdo al Gabinete de Seguridad, el CECOT tiene capacidad para albergar a 40,000 privados de libertad y desde su apertura, a finales de enero de 2023, han sido trasladados reos de centros penales de Izalco, Ciudad Barrios, Mariona, San Vicente, entre otros. Todos cumplen con ser pandilleros y tener ya condenas, según las mismas autoridades.
Según estimaciones del Servicio Social Pasionista (SSPAS), el CECOT es el único que por ahora no tiene problemas de hacinamiento, comparado con el resto de centros penitenciarios del país. Sus registros, actualizados en junio de 2024, revelan que en los demás centros penales hay una ocupación de 97,312 privados de libertad, cuando su capacidad real es de 27,280. Eso deja un hacinamiento del 356.7 %.
Hasta junio de este año se reportaron 80,500 capturas por el marco del régimen de excepción, según declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, lo que sumado a la población carcelaria antes del régimen (39,538) y menores capturados (1,194), menos los 7,000 liberados, se tiene un total de 111,844 personas en detención.
Esto hace que la tasa de población carcelaria del país sea de 1,764 por cada 100,000 habitantes, lo que la convierte en la más alta a nivel mundial.
Para Verónica Reyna, experta en seguridad del SSPAS, una la particularidad en el CECOT es que ha sido abierto a la prensa internacional con lo cual, asegura, se busca generar una imagen positiva de las cárceles salvadoreñas. Para ella eso está lejos de la realidad en comparación con penales como el de Izalco y Mariona, donde el hacinamiento ha deteriorado la condición de vida de los internos.
“El trato diferenciado es algo que preocupa y es que se está presentando el CECOT como una muestra falsa de la situación penitenciaria en El Salvador. Es el único (centro penal) abierto a medios internacionales e influencers y tiene la intención de dar dos mensajes: uno, que tienen controladas a las pandillas; y el otro es de que no se están violando derechos humanos, que no hay torturas, malos tratos, lo cual es una fotografía falsa”, mencionó.
El resto de centros penitenciarios no están habilitados para las visitas de medios de comunicación, por lo cual no se puede apreciar los niveles de hacinamiento ni las condiciones en que se encuentran los privados de libertad.
En los penales de Izalco y Mariona es donde más se ha trasladado a gente en el régimen y son donde se presentan el 65 % de muertes documentadas de privados de libertad, según el reporte de las organizaciones de derechos humanos.
“Hay condiciones graves de salud donde las personas pasan por torturas sistemáticas y ha creado una crisis humanitaria que no está siendo atendida. Hay agravamiento de condiciones crónicas que provocan estas muertes. Esto es responsabilidad del Estado salvadoreño al no generar las condiciones necesarias. Hemos documentado testimonios de personas que han salido y que hablan de malos tratos, uso de gases lacrimógenos, métodos de castigo, torturas”, agregó Reyna.
LA PRENSA GRÁFICA consultó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), a través de su unidad de comunicaciones, sobre el reporte de las organizaciones que señalan un 357 % de hacinamiento en los centros penitenciarios aparte del CECOT. Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Para Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el hacinamiento en los centros penitenciarios “genera condiciones inhumanas”, por lo que es necesario respetar los compromisos de derechos humanos.
“Es un trato cruel en sí mismo, ya que genera condiciones inhumanas de subsistencia y propicia otras vulneraciones a derechos humanos, como lo han confirmado los testimonios de los que han logrado salir vivos de centros penitenciarios. Bien harían nuestras autoridades en recordar nuestros compromisos internacionales de derechos humanos, en particular lo relacionado a la garantía de derechos de las personas que están privadas de libertad”, sostuvo Rodríguez.
A raíz de la implementación del régimen, los gastos para la DGCP se han triplicado desde 2019. Esta cuenta incluye, entre otros gastos, los servicios de alimentación contratados con terceros, servicios de publicidad y arrendamientos. Cabe mencionar que el desglose en cada gasto no está disponible al público debido a la reserva.
En el año 2019 lo devengado por la DGCP fue de $29,1 millones y aumentó hasta los $83,1 millones en el reciente año 2023 (ver tabla). Esto debido también a los refuerzos presupuestarios que ha recibido desde el régimen de excepción para suplir los gastos de alimentación, brazaletes, servicios básicos, entre otros.
Organizaciones y familiares de privados de libertad han cuestionado la falta de transparencia en el uso de estos refuerzos, pues los familiares son quienes aún pagan paquetes de alimentación de los reos.
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