El Consejo Nacional de la Judicatura también lanzó una oferta para adquirir una póliza de seguro médico y dental para funcionarios y personal de la institución por $519,808.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició un proceso de contratación de una póliza de seguro colectivo médico hospitalario y de vida para los 15 magistrados con conforman la institución.
Según la oferta publicada con el número SEI-DL-01/2025-PRV, el presupuesto asignado asciende a $120,000, una cifra exenta de impuesto del IVA conforme al artículo 162 del Código Tributario.
El documento también consigna que los fondos para esa compra provendrán del Gobierno de El Salvador (GOES), y la adjudicación estará dirigida exclusivamente a quienes estén registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES).
Además, los oferentes deberán presentar una declaración jurada de no colusión (que no se han puesto de acuerdo para limitar la participación de más ofertantes), en cumplimiento con la Ley de Competencia; según reza el documento.
Las especificaciones de la oferta de compra detallan que la CSJ ha contemplado pagar un precio base unitario por el seguro de vida de $3,000 por cada uno de los 15 magistrados ; y en el caso del seguro médico hospitalario, el precio será de $5,000 por cada uno; lo que deja un total de $120,000 por ambos seguros.
Esta adquisición se produce en un momento en que empleados de la institución han estado recibiendo notificaciones de la supresión de su plaza para el año 2025, según lo han confirmado dos sindicatos del Órgano Judicial.
“Por este medio la Corte Suprema de Justicia le notifica que, como parte de una reestructuración organizativa del Órgano Judicial destinada a garantizar una mayor eficacia en el uso de los recursos humanos y financieros, su plaza como colaborador jurídico (...) será suprimida con efecto a partir del uno de enero de 2025”, se lee en una de las notificaciones que recibieron algunos de los empleados a partir de esta semana.
La CSJ argumenta en la correspondencia que la decisión de cuáles plazas han sido suprimidas se basa en “estudios técnicos, considerando a su vez, los principios de eficiencia, racionalidad y sostenibilidad administrativa que exigen a las instituciones del Estado emplear los recursos públicos de manera óptima, priorizando el interés general y teniendo en cuenta siempre garantizar un servicio eficaz”.
La gerencia le aclara a los afectados que “no se trata de un despido, sino de la desaparición efectiva de la plaza, lo que excluye reincorporarlo a otra plaza con las mismas condiciones”.
Paralelamente, la CSJ ha incrementado su presupuesto para 2025. El proyecto de presupuesto presentado ante la Asamblea Legislativa tiene asignado para la Corte un aumento del 9% respecto a 2024, pero su mayor incremento está enfocado en infraestructura, incluyendo obras que se suponía debían estar terminadas este año 2024.
La CSJ ha presupuestado un total de $19.6 millones en el apartado de infraestructura física para 2025. Este es el rubro donde más dinero recibirá el Órgano Judicial, si se aprueba el proyecto tal como está planteado.
Esta partida económica del Órgano Judicial incluye mantener las condiciones, alquileres de edificios, construcción de sedes, entre otros. En el año 2023 para este mismo apartado se programaron $39.9 millones y solo se ejecutó $1.2 millones, según detallan los datos oficiales disponibles en la página web de Transparencia Fiscal.
Estos fondos también se utilizarán para la creación de nuevos tribunales, mejoras de infraestructura y fortalecimiento de conectividad en las sedes judiciales, según las proyecciones institucionales, de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado por Hacienda.
Sin embargo, este incremento contrasta con las denuncias de los sindicatos de precarización laboral que afectan a empleados despedidos y activos.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) también ha publicado una oferta de contratación bajo el número 1500-2025-P0001/Requisición 6/2025, destinada a la adquisición de seguros de vida médico hospitalario y plan dental para los funcionarios y el personal.
Este proyecto tiene un presupuesto base de $519,808.45, de los cuales $518,335 están exentos de IVA. El documento también detalla que la contratación será financiada con fondos del presupuesto general del Estado.
Según la oferta, cada miembro del consejo contará con un seguro de vida, uno médico hospitalario y un seguro de plan dental. El primero de estos tendrá un valor de $38,186. El seguro médico hospitalario le costará a la institución $433,688 por todos los empleados del Consejo. En el caso del plan de seguro dental, este le costará aun total de $46,461.
En el caso de las polizas de seguro de vida, el presidente y concejales propietarios de la institución tendrán una suma asegurada de $100,000. Para el resto de empleados, la suma asegurada será de $60,000.
La negociación estipula que únicamente podrán participar empresas registradas en el RUPES y que no estén inhabilitadas para contratar con la administración pública. Los oferentes también deberán presentar una declaración jurada de no colusión, un requisito clave para evitar prácticas anticompetitivas, tal como lo establece la Ley de Competencia.
A diferencia de la Corte Suprema, la negociación para esta contratación será por ítem completo, lo que permite una mayor flexibilidad en la asignación de los diferentes servicios requeridos.
LA PRENSA GRÁFICA buscó una postura oficial con ambas instituciones por medio de la oficina de comunicaciones para ahondar sobre la decisión de contratar seguros privados en un contexto de recorte del gasto público, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
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