En comparación con 2019, cuando inició la administración de Nayib Bukele, se han deteriorado cuatro de los cinco indicadores sobre la calidad de la vivienda, según la encuesta de hogares realizada por el Gobierno salvadoreño.
Entre 2019 y 2023 casi se duplicó el porcentaje de hogares salvadoreños expuestos a riesgos como inundaciones, derrumbes o cárcavas. Archivo LPG
El Salvador ha empeorado en cuatro indicadores sobre la calidad de la vivienda durante los últimos cuatro años, según las mediciones realizadas por el Gobierno en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), elaborada por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).
En 2014, el país adoptó un enfoque multidimensional para medir la pobreza, que se basa en las carencias que enfrentan los hogares salvadoreños, más allá de su capacidad económica para comprar alimentos. Cinco de los 20 indicadores que se utilizan para esto se refieren a la calidad de los materiales de las viviendas, a la inseguridad en la tenencia del terreno y al riesgo a daños ambientales.
Los resultados de la EHPM de 2023, publicados el pasado 3 de julio, indican que estos cuatro indicadores se deterioraron en comparación con 2019, cuando inició la administración de Nayib Bukele. Las estadísticas oficiales recogidas por LPG Datos muestran que el mayor retroceso está en el porcentaje de hogares con materiales inadecuados de piso y paredes, y en la exposición a riesgos ambientales.
La EHPM de 2019 reportó que el 5.2 % de los hogares tenía materiales inadecuados de techo. Tomando en cuenta la definición del indicador, esto significa que se encontraba deteriorado o era de paja, palma, cartón, plástico o materiales de desecho. Para 2023, aumentó en 6.5 puntos porcentuales, alcanzando al 11.7 % de las familias. Es decir, se duplicó en un lapso de cuatro años.
De manera similar, el porcentaje de hogares expuestos a daños y riesgos ambientales casi se duplicó en el mismo periodo. Este indicador se refiere a familias que en el último año han sufrido daños ocasionados por una inundación, derrumbe, alud o corriente de agua, o bien están expuestas a daños por derrumbe de cárcava. En 2019, el 5.2 % de los hogares enfrentaba estos riesgos y en 2023 saltó al 9.6 %, 4.4 puntos más.
Creo que uno es el tema económico y otro es el aumento del riesgo por amenazas hidrometeorológicas. La vivienda se va dañando y cada vez hay menos recursos para hacer las reparaciones necesarias o poder invertir en material más adecuado para una vivienda digna"
Luis González
Director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
En cuanto a los otros dos indicadores, los hogares que reportaron viviendas con materiales inadecuados en piso y paredes pasaron de 18.3 a 21.7 % en el mismo periodo, un aumento de 3.4 puntos. Este incluye a familias que viven en casas con piso de tierra, con paredes en mal estado o construidas con lámina metálica, madera, paja, palma, materiales de desecho, cartón o plástico.
La inseguridad en la tenencia del terreno aumentó 1.4 puntos, de 9.9 % en 2019 a 11.3 % en 2023. Aquí se toman en cuenta a los hogares que viven en un terreno o vivienda en calidad de colonos, guardianes o es un terreno ocupado que pertenece a otra persona o institución.
El mayor deterioro de los últimos cuatro años, en estos indicadores, se dio precisamente en 2023. La exposición a daños ambientales subió 2.9 puntos respecto a 2022, de 6.7 a 9.6 %. Los techos de materiales inadecuados aumentó 2.2 puntos, de 9.5 a 11.7 %. La inseguridad en el terreno subió dos puntos, de 9.3 a 11.3 %, mientras que los materiales inadecuados en piso y paredes aumentaron 1.1 puntos, de 20.6 a 21.7 %.
El único indicador relacionado a la calidad de vivienda que ha mejorado es el hacinamiento. La pobreza multidimensional considera que un hogar enfrenta esta carencia cuando hay tres o más personas por cada dormitorio de la casa. En 2019, el 45 % de las familias vivían en estas condiciones y para 2023 se redujo a 38.1 %, 2.4 puntos menos.
Luis González, director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), consideró que el deterioro en los indicadores de calidad de la vivienda tiene relación con dos factores. Uno de ellos son las condiciones económicas de las familias, que en los últimos dos años han desmejorado por el encarecimiento de los productos y servicios básicos.
"Hay menos recursos a disposición de la población para poder invertir en materiales adecuados para su vivienda. El año pasado llegamos a precios récord, y también este año, de la canasta básica alimentaria; en ese sentido, los recursos que se tienen disponibles para poder invertir en salud, en educación, en el tema de vivienda, son menores", explicó.
Entre 2019 y 2023, el costo promedio anual de la canasta básica alimentaria aumentó $52.38 en la zona urbana, al pasar de $200.02 a $252.40, indican datos de la ONEC. En 2023, ese promedio incrementó en $21.32 respecto a 2022. En la zona rural, el incremento fue de $44.95 en los mismos cuatro años, de $144.48 a $189.43, y solo en 2023 fue de $18.36.
A la crisis económica de las familias se suman los cada vez más frecuentes fenómenos hidrometeorológicos, dijo González. Explicó que antes se tenían eventos climáticos extremos cada cinco o 10 años, pero ahora se ha vuelto común enfrentar varios en un solo año. Solo entre mediados de junio y lo que va de julio de 2024, el país tuvo al menos tres temporales, que ocasionaron inundaciones, daños en infraestructura y obligaron a evacuar a cientos de personas.
"Tenemos varios eventos climáticos extremos el mismo año, lo que va dañando las viviendas, las paredes, los techos, y ante una crisis también económica, no se puede estar invirtiendo permanentemente en reconstruir o en volver a una normalidad después de un evento de estos", señaló.
Un estudio reciente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) estima que El Salvador perdió $5,442 millones en eventos climáticos ocurridos durante las últimas dos décadas, la cifra más alta de la región. El informe advirtió que el cambio climático intensificará los eventos extremos, así como sus impactos.
El director de Incidencia de la UNES señaló que, ante este panorama, el enfoque de las políticas públicas debe ser preventivo y trabajar en la vulnerabilidad de la población. "¿Qué podemos hacer en el caso de las viviendas y los materiales inadecuados? Que se generen políticas públicas encaminadas a apoyar la población más vulnerable: materiales con algún tipo de subsidio, apoyos de las municipalidades para que se pueda construir con materiales adecuados, préstamos, otro tipo de apoyos para que las familias que tengan vivienda con daños, o con material inadecuado, puedan reemplazar o reparar", indicó.
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