La noche del miércoles 4 de diciembre la periodista del medio comunitario Bálsamo Radio TV, Mónica Rodríguez, informó sobre el allanamiento en su casa de habitación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el que le quitaron equipo de su trabajo como computadora, memoria USB, discos duros, teléfonos móviles y tarjetas de crédito. 

La periodista agregó que durante el procedimiento no recibió ningún tipo de información sobre algún proceso en su contra, más que es por una supuesta "estafa", y que los agentes y personal de la Fiscalía solo le expresaron que el caso tiene reserva, por lo que no le informaron nada más y se llevaron su equipo. 

Al respecto, abogados penalistas consultados por este medio, expusieron que se ha tratado de un procedimiento arbitrario, en el sentido que las autoridades deben informar a la persona que está siendo investigada sobre los hechos, así como presentar las órdenes del juez, a la vez que no se puede confiscar equipo de los medios de comunicación. 

"La reserva es para el público, si a ella la acusan de algo o le confiscar algún equipo, debe haber orden judicial o un flagrante delito o que la Fiscalía haya girado una orden. No es así por así, que porque hay reserva y te quito esto. Las partes deben conocer lo que hay en el proceso. Para requisa, capturas, secuestro, confiscación, se necesita orden", mencionó Erick Orellana, abogado penalista del Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Para la abogada Jayme Magaña, el artículo 6 de la Constitución de la República es clara cuando expone que "en ningún caso podrá secuestrarse, como instrumentos de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento", por lo tanto, no debía confiscarse su equipo como medio de comunicación. 

"Se le tenía que haber explicado cuál es la situación que se está investigando. El artículo 6 establece que no se puede secuestrar el ningún caso como instrumento del delito, ningún medio destinado a la difusión del pensamiento. Dentro del régimen de excepción, eso no está suspendido. También tuvieron que preguntarle si estaba de acuerdo al allanamiento, debieron expresar las circunstancias del allanamiento y preguntar si las computadoras eran de uso personal o trabajo, si era el caso, no debió incautarle. Es una vulneración de derechos como periodistas y una forma sistemática de persecución a la prensa", dijo Magaña.

En tanto que el abogado penalista, Oswaldo Feusier, indicó que la comunicadora puede presentarse ante una sede fiscal para pedir información sobre algún proceso en su contra. 

"Dice el artículo 80 (del Código Procesal Penal) que quien tenga conocimiento de que se le está investigando, puede presentarse a la Fiscalía para que se le informe de la denuncia", expuso. 

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó los hechos y expuso que "nos mantendremos vigilantes de la situación y llamamos a las autoridades a respetar los derechos de la comunicadora y su grupo familiar" a través de la red social X.

También confirmaron que se está apoyando a la periodista desde la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la APES. 

Ivania Cruz, vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), expuso que toda persona tiene derecho a ser informada sobre el procedimiento y ve una persecución a una comunicadora. 

"Vemos un proceder de las autoridades de acciones arbitrarias. En primer lugar la Fiscalía no puede decretar si el caso tiene reserva o no, si no que esa competencia es de un juez. Si se incauta alguna decisión, ella tiene el derecho a que haya presencia de un abogado para que la asesore. Sabemos que en este país el sistema y las autoridades no hacen según les faculta la ley sino a través de abusos. La reserva provoca eso", indicó.

Según el Centro de Monitoreo de la APES, de enero a julio de este año registran un total de 423 vulneraciones de los derechos de los y las periodistas.