Madres de capturados afirman que les piden arraigos difíciles o incluso imposibles de conseguir. Desde la Comisión afirman que la decidión final será de los jueces.
Madres que forman parte del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) comenzaron a ser atendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, seis meses después de que presentaran los casos de sus hijos ante Casa Presidencial. Y aunque ven un avance en estos procesos, siguen enfrentándose a requerimientos que a ellas les resultan difíciles de cumplir.
Fueron casi 100 casos presentados en la oficina del Ejecutivo a mediados de agosto, con la intención de comprobarle al presidente de la República, Nayib Bukele, que las personas apoyadas por el MOVIR son inocentes. Los casos fueron remitidos a la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por Andrés Guzmán, y a finales de febrero de este año desde esta dependencia se contactaron con varias madres.
LA PRENSA GRÁFICA habló con tres de ellas sobre cómo avanza dicho proceso, y manifestaron que se sienten discriminadas. Por ello expresan poca confianza en que liberen a sus hijos.
Irma Sánchez tiene 61 años y fue contactada por la Comisión debido a que sus dos hijos fueron capturados por el régimen.
“Ellos no están ni manchados. Por eso les metí los documentos, así que primero Dios sea bueno lo que están haciendo y que no vayan a ser mentiras. Ya van casi tres años que han estado encerrados y yo sin saber de ellos”, indicó.
El 22 de junio de 2022 fue capturado su hijo menor, Samuel Vásquez Sánchez, de 26 años, quien era ayudante de albañil. Cuatro días después su hijo mayor, José Alfaro Sánchez, fue capturado. Él tenía una taller de estructuras metálicas. Ambos fueron sacados de sus casas.
Otra madre que recibió la llamada de la Comisión es Yolanda García, cuyo hijo fue capturado en mayo de 2022. Dice que pronto presentará sus arraigos y que al inicio tuvo problemas con el caso.
“Me dijeron que ya me habían anulado porque yo no me había presentado, que ya habían hecho una acta”, y añadió que la mujer que la atendió le enfatizó que “no iba a tener tiempo, ni dinero” para conseguir los papeles que le pedían.
Mauro Salvador Martinez, de 32 de años, trabajaba como ayudante de una gasolinera. Él fue capturado horas después que le celebrara a su madre su día. Era el día libre de Mauro y por eso no fue a trabajar. Vivía en la Rábida y el 30 de mayo celebraría su cumpleaños número 33. Su madre no sabe si está vivo.
En el caso de Ana Avelar fue la Procuraduría General de la República (PGR) quien la contactó en nombre de la Comisión. Le dijeron que debía presentar todos los arraigos, pero tuvo problemas por el abogado privado que ha contratado.
“En mi caso dicen que los arraigos están bien, solo que como yo tengo abogado particular me han dejado así, volando, porque me pidieron que le diga a mi abogado que renuncie, pero no puedo porque ya le pagué. Entonces me dijeron que yo le explique todo a mi abogado”, aseveró.
Emmanuel Antonio Aldana Avelar, de 38 años, es el hijo de Ana, él fue capturado a las 4:30 de la madrugada. A las 11:00 de la noche había llegado de su trabajo, que es una empresa extranjera. Él es electricista mecánico y estaba de turno. En ese momento él vivía con su madre y sus otros cinco hermanos.
Una de las principales dificultades para estas madres son los arraigos solicitados, que en muchos casos son difíciles o imposibles de conseguir. Samuel Ramírez, vocero del MOVIR, dijo que en muchos casos las víctimas son agricultores, campesinos y personas que tenían trabajos informales, y que las instituciones les están pidiendo actas de matrimonio, escrituras de casa y constancia de trabajo, algo que no tenían debido a su condición económica.
“Este tipo de situaciones son arbitrarias. Pareciera que no quieren ayudar, porque nosotros hemos dicho que casi el 70 % de la gente que Movir atiende es gente que no tenían trabajos formales. Eran jornaleros, agricultores, eran trabajadores en un taller, vendedores informales, ¿quién va a dar una constancia?”, aseveró Ramírez.
Debido a ello lo que ha recomendado el MOVIR es que recojan firmas de personas que conocían al procesado o de quien lo contrató para demostrar que sí tenía un arraigo laboral y “dar fe que es honesto y honrado y no tiene vínculo con pandilla”.
Jayme Magaña, abogada penalista, confirmó que es cierto que la PGR está pidiendo a los familiares que despidan a los abogados privados, pues a ella le pasó.
“En este caso como en otros, las directrices son de la Comisión. Yo llevaba un caso de MOVIR y aunque no lo estaba cobrando, igual la persona me tuvo que despedir”, aseguró.
Sobre los arraigos, manifestó que la mayoría de las personas detenidas no los pueden presentar porque sus familias son de escasos recursos económicos, lo cual califica como “revictimizante”.
“Es arbitrario, porque cada juez tiene su forma de valorarlo. Sin embargo, están valorando que la persona tenga arraigos personalísimos, eso sí es un estándar en todos los casos y al mismo tiempo es una revictimización para las personas que son inocentes y que no tienen las condiciones económicas para demostrar que viven en la misma champa desde hace 30 años, porque son escasos recursos”, analizó.
Aseguró que el estándar internacional establece que los arraigos deben ser valorados según el “nivel socioeconómico de cada una de las personas” y dijo que “eso no se está tomando en consideración”.
LA PRENSA GRÁFICA consultó con el comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán, sobre estos señalamientos manifestó que están analizando “cada caso de manera individual” y que canalizan dicha información con las instituciones correspondientes.
Aclaró que la Comisión solo es un “facilitador”, ya que la decisión final la toman los jueces.
“Quiero aclarar que la Comisión no anula ningún expediente. Al solicitar documentación adicional lo hacemos para asegurarnos de contar con la información más completa posible antes de remitir el caso a la autoridad competente. Reconocemos que en algunos casos la documentación ya ha sido entregada a la PGR u otras entidades; por ello, invitamos a quienes presenten su caso a indicarlo, de modo que podamos coordinar directamente y evitar redundancias”, aseveró.
Además, negó que la PGR solicite que se despida a los abogados privados. Reafirmó que desde la Comisión se pueden presentar los casos directamente “sin necesidad de intermediarios”.
Sobre los arraigos que son difíciles de comprobar, el comisionado habló de otras opciones que son más viables.
“Si no existe una constancia laboral formal, se puede presentar una carta de un empleador informal, testimonios de clientes o incluso evidencia a través de redes sociales. De igual forma, para quienes viven en unión de hecho (libre) y no cuentan con acta matrimonial, se pueden considerar declaraciones juradas o testimonios de vecinos; y si no tienen casa propia, un comprobante de residencia o una carta de la persona con quien viven será suficiente. Nuestro objetivo es que ninguna persona quede excluida por no cumplir con requisitos que en muchos casos resultan inalcanzables”, aseguró.
LA PRENSA GRÁFICA también consultó al área de comunicaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las quejas de las madres. Respondieron que brindan “una atención personal a los familiares de las personas privadas de libertad” y que su función constitucional es “representar a las personas privadas de libertad, siempre y cuando no cuenten con un defensor particular. Si ya cuentan con los servicios de un abogado privado no tenemos competencias, ni intervención alguna”, señaló la institución.
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