La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT pidió al Gobierno salvadoreño garantizar "una estructura tripartita" en el INCAF, cuyo consejo directivo solo está compuesto por representantes gubernamentales. Además, instó al Ejecutivo a cesar toda hostilidad hacia organizaciones de trabajadores y empleadores.
El Salvador fue uno de los países que compareció, este año, ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Desde 2015 ha tenido que responder por denuncias de violaciones a convenios laborales en esta entidad. Cortesía OIT
La Comisión de Aplicación de Normas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha pedido al Gobierno salvadoreño garantizar la participación del sector empleador y trabajador en la estructura del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), que actualmente es dirigido solo por representantes gubernamentales.
En las conclusiones adoptadas el jueves 13 de junio, tras escuchar el lunes 10 los alegatos del Gobierno ante denuncias de violaciones al convenio 87 sobre libertad sindical, la comisión solicita al Ejecutivo que proporcione información sobre la creación del INCAF y además garantice que la institución opere de forma tripartita.
El tripartismo es un principio consagrado en la Constitución de la OIT y se refiere a la participación de representantes del gobierno, empleadores y trabajadores en la discusión de asuntos de interés común, en igualdad de condiciones y con independencia.
En noviembre de 2023, a petición del Gobierno, la Asamblea Legislativa disolvió el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y lo sustituyó por el INCAF. A diferencia de la antigua entidad, el consejo directivo del INCAF solo tiene representación gubernamental, a pesar de seguir recibiendo las contribuciones financieras de las empresas.
La ausencia de las voces de los empleadores y los trabajadores en el consejo directivo del INCAF fue uno de los cuestionamientos que enfrentó el Ejecutivo salvadoreño en su comparencia ante la Comisión de Aplicación de Normas.
“Aun cuando se mantiene la aportación económica de parte de los empleadores, solamente se va a destinar el 20 % de esos recursos a la formación. Esto tiene una serie de problemas en sí mismo, puesto que se elimina la participación de los trabajadores y de los empleadores, y se reduce la aplicación de recursos para aspectos relacionados con la formación”, dijo Fernando Yllanes Martínez, vocero del sector empleador, durante la sesión donde se revisó el caso de El Salvador.
A la luz de estos señalamientos, la comisión de la OIT instó al Gobierno a “proporcionar información sobre el cambio institucional de INSAFORP a INCAF, y garantizar que dicha institución tenga una estructura tripartita”.
Según consta en el documento que contiene las conclusiones de la comisión, el representante del Gobierno salvadoreño no se refirió de forma directa a la solicitud relacionada con el INCAF. Sus comentarios se centraron en reiterar que hay avances en las investigaciones de los asesinatos de dos sindicalistas y en señalar que “en el país se respeta plenamente el accionar de diferentes asociaciones de empleadores”.
“Por lo demás, aceptamos la declaración y nos comprometemos a su debido seguimiento, habida cuenta de nuestro compromiso a seguir informando sobre los avances”, dijo el vocero.
La comisión de la OIT también reiteró peticiones que desde 2022 ha hecho al Gobierno, como el cese de la hostilidad hacia organizaciones de trabajadores y empleadores, la investigación de los asesinatos de dos sindicalistas y flexibilizar requisitos para la creación de sindicatos.
"La comisión tomó nota con preocupación de las alegaciones de violaciones continuas del convenio (87) por parte del Gobierno, incluida la ausencia de progresos tangibles en las investigaciones de los asesinatos de sindicalistas y la denuncia de actos de acoso contra una organización de empleadores (ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada)", dijo la entidad.
"La comisión también expresó preocupación por las alegaciones de injerencia por parte de las autoridades en la designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios", agregó.
En ese sentido, instó al Gobierno a "poner fin inmediatamente a todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión" contra las personas o las organizaciones que realizan actividades sindicales o de empleadores.
Además, le pide al Gobierno que respete la libertad de los trabajadores y empleadores de crear las organizaciones que consideren convenientes, así como "acelerar" el registro y emisión de credenciales de juntas directivas de dichas organizaciones.
Otra de las solicitudes que vuelve a hacer la comisión es la de reactivar "sin demora" el Consejo Superior del Trabajo (CST), que no sesiona desde mayo de 2022, así como acelerar las investigaciones del asesinato de los sindicalistas Abel Vega y Weder Meléndez, ocurridos en 2010 y 2020, respectivamente.
El jueves, en redes sociales, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió a las conclusiones que adoptó la Comisión de Aplicación de Normas, pero sin mencionar ninguna de estas solicitudes. En X, Castro dijo que la comisión denegó las peticiones de la ANEP y que "se limitarán nada más a pedirnos informes al Gobierno de los avances en materia laboral que ejecutemos en el año".
Durante la sesión del lunes 10 de junio, el sector de los empleadores solicitó que se enviara una misión de contactos directos al país, debido a las constantes denuncias de violaciones a convenios laborales, puesto que El Salvador ha tenido que rendir cuentas en la Comisión de Aplicación de Normas desde 2015. Esta solicitud no se consignó en las conclusiones.
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