El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión al exagente policial José Mario Alvarado Erazo, por el asesinato de un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en 2018, a cambio de dinero. 

Según la Fiscalía, Alvarado le disparó a la víctima, Silvio Romeo Montano Orellana, con arma de fuego en una finca de Tecoluca, en San Vicente Sur, a la que lo había llevado el 2 de agosto de 2018. No especificaron el monto monetario recibido por el homicidio. 

El fallecido era agente municipal de la Alcaldía de San Juan Nonualco, en La Paz. Fue encontrado cerca de un puente en la comunidad Los Cocos, cantón Las Anonas, en la zona del Bajo Lempa. 

Tenía dos impactos de bala en la cabeza y había sido privado de libertad días antes cuando se dirigía a su residencia en su motocicleta. 

Erazo ya había recibido una condena previa de 123 años de cárcel en diciembre de 2022, por hurto agravado, agrupaciones ilícitas y tres homicidios agravados, incluido el del agente Orellana. 

En ese entonces también fue sentenciado el inspector Regis Omar Joachín Sánchez a 71 años, y otros imputados por diversos crímenes, pero la condena fue apelada y ordenaron repetir el juicio que se realizó en enero de este año contra tres elementos. 

Aparte de Erazo y Sánchez, el otro imputado es José Saúl Ayala, que había sentenciado previamente a 65 años y del cual no se ha divulgado una condena, al igual que en el caso de Sánchez. 

Los imputados, según la Fiscalía, han sido vinculados con ocho casos de homicidios agravados y agrupaciones ilícitas que se habrían cometido entre los años 2015 y 2018, en la zona de Zacatecoluca, La Paz Este.

Según las indagaciones fiscales, en el crimen del agente Orellana también habría participado José Concepción Marín Lozano, pero éste se encuentra prófugo. 

En un caso similar, en octubre de 2024, 34 personas enfrentaron juicio acusados de pertenecer a otra red de exterminio en la que también había agentes policiales involucrados.

El grupo, que presuntamente delinquía en San Miguel, La Unión y Usulután, fue vinculado a 18 homicidios agravados, dos intentos de homicidio, 12 robos agravados y seis extorsiones agravadas cometidos entre 2018 y 2021.

Según expertos, los grupos de exterminio continúan activos en El Salvador, lo cual se visibiliza en las estadísticas públicas.

De acuerdo a la memoria de labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que abarca del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023, la institución recibió al menos 25 denuncias al respecto.