Dionisio Guerrero es abogado y actual presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), una institución de peso en el gremio pero que por primera vez en su historia decidió no participar en el proceso de elección de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el período 2024-2033. 

En esta entrevista explica por qué tomaron esta decisión y habla de la presión hacia los abogados que son críticos con el actual Órgano Judicial.

¿Por qué el CEJ tomó la decisión de no proponer candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Dentro del CNJ nosotros no vimos apropiado presentar alguna candidatura por los mismos términos en los que se encuentra la coyuntura del país. Y esto es histórico, pues por primera vez desde que existe el CEJ no se presentó un candidato a magistrado, porque consideramos que los derechos constitucionales no dan garantía para que haya una independencia judicial o un nivel de poderes equitativos.

En las elecciones de la FEDAES hubo una baja participación de abogados y hubo poco tiempo para conocer las propuestas de los precandidatos, ¿qué análisis hace el CEJ de ello?

Existen dos clases de asociaciones de abogados, las que son federadas, miembros de FEDAES, y las no federadas, pero ambas tienen el derecho constitucional de participar y proponer candidatos. Esta vez solo hubo un candidato de asociaciones federadas y los demás fueron de asociaciones no federadas. La mayoría de candidatos vienen del sector de la administración de justicia, jueces, empleados judiciales, y hay unos que están en el libre ejercicio de la profesión, aunque predominan los abogados que están laborando actualmente en la administración de justicia.

Con eso vemos que tal vez hay experiencia de cada quien en su rama, pero luego depende de en qué sala quede cada uno de los elegidos para saber si cumplen. Nosotros tenemos la buena fe de que los elegidos llegarán a realizar su trabajo tal como lo exige la ley, con una independencia judicial, con buenos resultados y sin temor a ninguna represión posterior.

Ustedes como CEJ han hecho críticas al proceso de elección y han señalado irregularidades, ¿mantienen esa opinión?

Sí. Lo que pasa es que nosotros consideramos que para que una persona sea candidato debe haber una entrevista y debe haber un análisis un poco más profundo, no solo porque hay cierto grupo de personas que lo apoyarán deben llegar al puesto. Tiene que haber un análisis para saber que el o los elegidos tienen fortalecido el tema de derechos, que tienen presente una independencia, que esté acorde a la Constitución, que la respete, y no hubo nada de eso.

Se hizo un análisis, se revisaron los currículos, los antecedentes y de esa forma quedaron inscritos. Creemos que esta vez hizo falta, tanto de la FEDAES como del CNJ, un análisis más profundo de los candidatos. Anteriormente hacían públicas las entrevistas. Hoy se hizo de forma callada y sin acceso a mucha información.

Notamos, en las primera entrevistas hechas por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que no hay un parámetro fijo de evaluación, un baremo. ¿Qué opinan ustedes de ese proceso que siguen los diputados?

Lo que pasa es que en la Asamblea se está evadiendo ese baremo apoyados en que anteriormente, para llegar a esa fase del proceso, el CNJ y la FEDAES ya propusieron las mejores cartas. Esto no es normal, porque la Asamblea tendría que tener su propia evaluación para sacar a los mejores.

Y del proceso de elección que hizo el CNJ, ¿qué valoración hacen?

Creemos que el CNJ no cumplió con lo que establece la Ley. Los candidatos que ellos eligieron lo hicieron con un mínimo de los requisitos. Lo idóneo hubiese sido que, como en años anteriores, se hubiese analizado que eran los mejores. Es más, la lista de los 15 finalistas que ellos presentaron ni se conocía y solo salió a la luz por presión de medios de comunicación. Así fue como nos dimos cuenta de los abogados que iban en ella.

Lastimosamente hubo un ocultamiento, pero al final vimos a los candidatos y concluimos que no se ocuparon los métodos adecuados.

¿Qué opinión tienen ustedes del actual trabajo de los magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia?

Tal como están las cosas no podemos esperar mucho, solamente seguir tal como venimos ahorita. Lo que esperamos es que estos profesionales (los que llegan) puedan desarrollar su mejor trabajo, en el sentido de tener una administración de justicia ágil, pronta, en beneficio del salvadoreño. Al final todos los salvadoreños dependemos de las leyes, de los abogados y de la administración de justicia, porque es el único ente en el cual se puede apoyar cuando hay una ilegalidad.

Lo que hemos visto es una Corte que solo ha llegado a ocupar un puesto. Ya se ha dicho que han usurpado puestos en la Sala de lo Constitucional, con magistrados que fueron elegidos de dedo. Lastimosamente consideramos que ellos deben bastante al ciudadano y al gremio de abogados. Esperamos que eso se pueda ir resolviendo y aspiramos a que pronto el país tengamos un balance de poderes digno.

Por eso, como Centro de Estudios Jurídicos, consideramos que tendrían que elegir a los cinco mejores abogados para que puedan desarrollar un trabajo bueno. 

¿Hay una presión sobre el gremio de abogados actualmente?

Lógicamente la presión la sentimos desde hace casi cinco años. La Ley dice que los profesionales del derecho somos regidos por la Corte Suprema de Justicia, es el ente colegiado que actualmente tiene al abogado dentro de sus listas. Por eso los que trabajamos en este rubro tenemos cierto temor de que puede haber un cierto revanchismo o un señalamiento si un profesional critica el estado actual de las cosas. Por eso hay ciertos profesionales que a veces hablan bajo anonimato.