El Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Sensuntepeque decidió extender el plazo, por lo que la audiencia preliminar de la causa penal se desarrollaría hasta febrero de 2024.
Una corte de El Salvador extendió, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), por seis meses más la fase de instrucción -investigación- en el caso de seis líderes comunitarios acusados de asesinar a una mujer en 1989 en el contexto del conflicto armado (1980-1992), lo que fue rechazado por una organización de la sociedad civil.
Según un comunicado de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) compartido este miércoles a EFE, el Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Sensuntepeque decidió extender el plazo, por lo que la audiencia preliminar de la causa penal se desarrollaría hasta febrero de 2024.
Alfredo Leiva, miembro de ADES, explicó a EFE que el plazo -de seis meses- del proceso de investigación "vencía hoy".
La entidad gubernamental señaló en su nota que "dicha prorroga es innecesaria porque hasta ahora la Fiscalía no ha presentado pruebas reales contra nuestros compañeros" y "difícilmente las tendría alargando injustificadamente el proceso".
"Su única prueba son las declaraciones contradictorias de un testigo criteriado", apuntó.
La ADES cataloga como "cruel" la decisión de la corte porque "la postergación de la audiencia no hace más que prolongar el sufrimiento de nuestros activistas ambientales encarcelados en condiciones inhumanas".
Las personas detenidas son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas, que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos, quienes están presos desde el 11 de enero pasado por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Además, es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Cienfuegos se encuentra "ausente" en el proceso y otro de los acusados vive en Estados Unidos.
Las Naciones Unidas, por medio de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, pidió el pasado 16 de mayo la libertad de los defensores ambientales, pero "el Estado no ha respondido", de acuerdo con el abogado de los líderes, Denis Muñoz.
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