Contratan a jóvenes necesitados de un trabajo y que sean fáciles de manipular, luego utilizan sus cuentas de banco para ilícitos. Expertos hacen un llamado a no compartir este tipo de información con nadie.
La aplicación de la Chivo Wallet es utilizada para realizar las transacciones en las que están envueltos los jóvenes trabajadores. El dinero se vuelve irrastreable a través de la aplicación.
Una joven estudiante universitaria ha sido denunciada 20 veces por estafa en 13 municipios distintos del país, pese a que solo se dedicaba a vender celulares. Sin saberlo, ella fue víctima del crimen organizado y por prestar su cuenta bancaria terminó envuelta en un caso judicial, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Al enterarse de los casos en su contra, la joven interpuso una denuncia ante la misma institución, aduciendo que ella misma fue víctima de amenazas y estafa agravada, pues no participó de manera “dolosa o consciente” y recibió amenazas de sus empleadores si no les daba el dinero.
Los abogados de la joven, a quien llamaremos Rosa para proteger su identidad, presentaron un escrito ante la Fiscalía para solicitar una acumulación de las denuncias, pues están ligados a la modalidad del crimen organizado. Consideran que los delitos de los cuales le acusan fueron “realizados de forma planeada, premeditada, sistemática y reiterada a través de una estructura de personas que probablemente funciona a nivel transnacional”.
De acuerdo a los defensores, Rosa “fue engañada por personas inescrupulosas que utilizaron sus datos personales y su cuenta de ahorros para para realizar delitos de estafa”. Piden que se realice una investigación conjunta para “dar con el paradero de los criminales que engañaron e incriminaron” a la joven.
Según cuenta Rosa, por la necesidad de pagar sus estudios aplicó a un anuncio de empleo que vio en internet. Esta empresa, de la cual se reservará su nombre para no entorpecer las investigaciones, anunciaba una plaza de trabajo por $800 solo por vender teléfonos celulares a través de redes sociales. Ella se animó porque el trabajo lo podía hacer desde su casa.
Una vez contratada debía publicar la venta de teléfonos y sus precios. Después de un par de meses le informaron que la ascendieron a “cajera”. Le dijeron que la empresa tenía su sede en el Reino Unido, pero con sucursal en El Salvador. Le manifestaron que necesitaban a una persona “honesta y confiable” para contabilizar el dinero que entraba y por ello, le pedían que tuviera cuentas bancarias para que los clientes depositaran el dinero de las compras de los teléfonos. Al recibir este dinero, de cada venta, ella recibiría el 10 %. El restante debía enviarlo a un usuario vía Chivo Wallet, por lo que era necesario que tuviera cuenta en esta billetera electrónica.
Otro de los requisitos que le pidieron fue una foto de su DUI y sus horarios. Las transacciones a veces tenían atrasos en el banco, pues eran grandes cantidades de dinero que entraban y que luego ella debía enviar usando la Chivo. Cuando eso ocurría ella recibía amenazas de sus empleadores, ya que le decían que no se tardara en enviar el dinero porque “conocían donde ella vivía”.
En un inicio no dudaba de la empresa, ya que le mandaban fotos de los clientes con los celulares que supuestamente habían comprado. Pero no fue hasta que en el banco le bloquearon una de las cuentas cuando se percató que algo no andaba bien. Luego una persona se comunicó con ella para decirle que había sido estafada con la compra de un celular por medio de una publicación en Facebook y que el número de Rosa era el contacto que proporcionaban, igual que el número de su cuenta.
Fue entonces cuando Rosa se dio cuenta que había sido denunciada por estafa en varias ocasiones y que sus empleadores eran del crimen organizado.
Una de las abogadas de Rosa manifestó que son decenas de jóvenes los que están siendo acusados de estafa bajo esta modalidad, sin que estos sepan que están participando de este delito.
Menciona que un factor grave es la información que estos grupos criminales obtienen de los jóvenes a quienes reclutan, ya que suplantan su identidad para seguir con el cometimiento de los delitos.
“Ellos (crimen organizado) al recolectar los DUI y currículos utilizan la información para suplantar su identidad y con esa información reclutan a más personas”, aseguró.
La abogada mencionó que hay otro caso de una joven que también fue denunciada por estafa en varios municipios y andaba recolectando dinero para conciliar con las víctimas y no ir presa.
En varios casos de este “modus operandis” han notado que cuando estos jóvenes vendedores llegan a los $10,000 en sus cuentas bancarias, “los desechan para no encender las alarmas en los bancos, por sospechas de lavado de dinero”.
La situación de Rosa no es la única. LA PRENSA GRÁFICA tuvo conocimiento de otro caso donde colombianos utilizaron la cuenta de un salvadoreño.
Los supuestos empleadores le dijeron a un joven que tenían una empresa de telas en Colombia, pero que no podían establecerse en El Salvador y le pidieron usar sus cuentas bancarias para depositar el dinero de las ventas. El joven, a quien llamaremos Roberto, recibió $2,000 pero junto a unos amigos se dio cuenta que ese dinero había sido sustraído de la billetera electrónica de un empresario en Quezaltepeque y Roberto tuvo que regresarlo para no ir a la cárcel. Los autores intelectuales nunca fueron identificados.
“A la larga la Fiscalía solo se queda con estas personas (jóvenes), pero no llega hasta los autores intelectuales. Aunque las personas acusadas en El Salvador lleguen a un conciliación, porque el delito lo permite, los autores intelectuales reciben su beneficio económico y no obtienen castigo”, aseveró el abogado penalista Otto Flores, al opinar sobre estos casos.
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