Mujeres relatan cada vez más testimonios de miembros de seguridad pública y de la Fuerza Armada que les piden sexo a cambio de no capturar a un familiar o para liberarlo. LPG ha documentado un caso reciente, mientras que organizaciones contabilizan varios en el régimen de excepción.
Marina narró su caso en un evento del MOVIR. Aunque tiene temor, dijo que lo hace porque hay muchas mujeres en esa situación.
El 24 de noviembre de 2022 fue capturado Guillermo, de 22 años, cuando salía de la panadería donde laboraba y se dirigía a la venta del pan que acababa de ser horneado; en ese momento fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes se lo llevaron a la delegación.
Ante la noticia, su hermana Marina (nombre ficticio para proteger su identidad), lo buscó en diferentes delegaciones del departamento de Sonsonate, sin que nadie le diera respuesta de su paradero. Al encontrarlo le dijo a los agentes que lo dejaran en libertad porque no era pandillero, sino que tenía discapacidad mental y debía mantenerse en tratamiento médico, pero en respuesta recibió acoso de parte de los agentes.
"Cuando les pregunté por qué lo capturaron de una vez me dijeron que por ser un número más de la cuota y que si yo quería la libertad de él tenía que acostarme con ellos. Eran cinco policías los que estaban en esa delegación. Mi hermano escuchó y me dijo que no lo hiciera. No lo hice, jamás lo haría. Entonces los policías me dijeron que iba a quedar capturado", relató Marina a LA PRENSA GRÁFICA.
"Tuve acoso. No he hecho nada malo, somos los únicos dos hermanos y ahora yo me encargo de la venta de pan. Los policías siguieron insistiendo en que me acostara con ellos días después y eso me preocupa, si bien ahora se han calmado, uno siente temor", agregó.
El acoso continuó y hasta en tres ocasiones más le insistieron en que tuviera relaciones sexuales con los policías a cambio de la libertad de su hermano. Marina cuenta que no ha denunciado a los policías "porque tengo temor, tengo a mi hija y no sé qué puede pasar". Ella tiene 27 años de edad.
Tras su captura, a Guillermo se lo llevaron al centro penitenciario de Ilopango, luego al penal de Izalco y actualmente está en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, donde se encuentra en delicado estado de salud.
Su hermana le lleva paquetes y una lista de medicinas que necesita. Aparte de su situación mental, también padece de insuficiencia renal y tuvo un accidente cardiovascular (ACV), con lo que habitualmente pierde el conocimiento.
"Yo pido que den libertad a mi hermano porque no es delincuente. También denuncio el acoso que he sufrido y sé que otras mujeres lo han pasado", mencionó Marina.
Como el caso de Marina, organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta práctica es muy recurrente y la catalogan como "sextorsión" que lo definen como el método a través del cual una persona amenaza a otra para tener relaciones sexuales a cambio de un tipo de favor o evitar que se realice otra acción en contra de la víctima.
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) también lo determina a partir de chantajes y amenazas de publicación en redes sociales de imágenes de corte sexual de la víctima, así como en relación a las amenazas a los familiares de privados de libertad en el marco del régimen de excepción en El Salvador.
En julio de este año, la GI-TOC presentó un informe llamado "Resiliencia comunitaria ante la extorsión", en el cual exponen la situación de la "sextorsión" en las comunidades salvadoreñas, especialmente en el caso de cinco mujeres originarias de Puerto El Triunfo, Usulután que denunciaron ser extorsionadas sexualmente por un capitán de la Fuerza Naval de El Salvador.
Esta mujeres dijeron que el militar les pidió tener relaciones sexuales a cambio de dar libertad a sus familiares detenidos.
Celia Medrano, investigadora sobre derechos humanos en el país y que fue autora de dicho informe, realizó entrevistas a estas mujeres y expuso que estos casos son más frecuentes, pero no se dan a conocer por el temor de las víctimas, pues algunas accedieron.
"Conocemos de otros casos en La Libertad, Sonsonate, San Miguel y Usulután en donde las personas tienen miedo de denunciar públicamente. Es llamativo que en la mayoría de casos son efectivos de la Fuerza Naval los involucrados", expuso Medrano.
"En otros casos el acoso contra niñas y adolescentes escolares también es un problema. En una escuela en La Libertad, por ejemplo, padres de familia deben turnarse para que siempre un adulto espere a la hora de salida de la escuela a niñas y adolescentes para acompañarlas en el trayecto hacia sus hogares. Esto debido a que si los policías y soldados, que supuestamente brindan seguridad en los alrededores de la escuela, ven a las estudiantes caminando solas empiezan a seguirlas y acosarlas", agregó
LA PRENSA GRÁFICA consultó, a través de sus unidades de comunicaciones, a la PNC y Fuerza Armada de El Salvador (FAES) acerca de las denuncias realizadas de "sextorsión" que involucran a esos agentes de seguridad. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, dijo que hay una gran afectación psicológica para las víctimas cuando están en esta situación, debido a que pasan primero por el impacto de la captura de su familiar y luego la propuesta de dar servicio sexual a cambio de la liberación.
"Hemos identificado varios casos de mujeres que han sido afectadas por lo que conocemos como sextorsión. A cambio de beneficios de la libertad de su familiar, a la mujer le piden tener relaciones sexuales, lo cual ha sido cometido por policías y militares. Esto es grave porque no está tipificado en la ley, pero es un hecho que se está dando. Algunas han accedido, otras han denunciado", expuso.
Reportes de violencia sexual y de género en las privadas de libertad en el marco del régimen de excepción han sido documentados en diferentes informes de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y por ello piden al Estado tomar medidas urgentes.
Dichos documentos recopilan testimonios que mujeres que estuvieron en prisión y expusieron esas agresiones sexuales y violencia de parte de custodios, lo que según las organizaciones, “es una grave violación a los derechos humanos”.
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