Saúl Rivas es uno de los fundadores de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta y en enero de 2023 fue capturado junto a Antonio Pacheco, Alejandro Laínez, Miguel Ángel Gámez, Pedro Laínez y Fidel Recinos por un supuesto crimen cometido durante la guerra civil salvadoreña. En octubre de 2024, 21 meses después, fueron absueltos por falta de pruebas, pero la Fiscalía apeló y ha pedido a la Cámara de Cojutepeque que se repita el juicio.

En esta entrevista Rivas afirma que la insistencia de mantener el proceso en contra de ellos es por la información que manejan sobre la minería en la zona norte de Cabañas, a la que se han opuesto desde hace muchos años. Dice además que el caso ha fortalecido a la comunidad. 

¿Por qué asegura que su captura fue por la lucha antiminera?

Cuando nos capturaron me decomisaron mi máquina (computadora) donde yo trabajaba y donde tenía toda la información del trabajo que realizaba. Todo se lo llevaron, hasta mis respaldos, y durante el proceso judicial no lo ocuparon para nada, porque en la audiencia tampoco presentaron como prueba los vaciados de la información que tenían esos equipos. Por esodecimos que al final el proceso no es por lo que ellos (Fiscalía) decían que nos estaban acusando, sino que andaban buscando información de la mina. Pero, ¿qué información podían haber encontrado? Ninguna. En los equipos solo iban a encontrar información de ADES y eso es importante para el gobierno, información de los programas que tenemos y de la minería.

Durante la acusación que Fiscalía hizo contra usted y los otros líderes se presentó un testigo protegido. ¿Qué opinan ustedes de ese testimonio?

Hay un testigo protegido que en la vista pública (juicio) no se equivocó. ¿Por qué? Porque lo prepararon para la declaración anticipada de enero del 2023. En la audiencia inicial le toman la declaración anticipada y ahí él dijo dónde estaba el supuesto cadáver (del asesinato que los acusaban), pero en junio de 2023 van con la retroexcavadora a escarbar todo el terreno y Medicina Legal debía que había que buscar en un espacio del tamaño de una cancha de fútbol, pero no encontraron nada.

Luego la declaración del testigo comenzó a verse bastante cuestionada y luego intentaron ocuparlo otra vez en la audiencia preliminar, que se hace en febrero del 2024, y no se los admitieron. Volvieron a pedirlo en el juicio y ahí sí el Tribunal aceptó, pero fue a negar todo lo que había dicho en la primera audiencia, en 2023. Cuando Fiscalía le preguntó detalles de la supuesta víctima dijo que él nunca vio, sino que le contaron. 

¿Cuándo y por qué considera que inició la investigación en contra de ustedes, los líderes de Santa Marta?

La información que Fiscalía y la Policía obtuvieron para hacer el montaje de este caso la obtuvieron cuando ellos vinieron a realizar una investigación en septiembre del 2022. Vinieron (a Santa Marta) los fiscales y entrevistaron a (Antonio) Pacheco preguntándole información sobre las masacres en Santa Marta. Nosotros ya sabíamos que ellos andaban preguntando otras cosas y fueron a Santa Marta y entrevistaron a diferentes pobladores y ellos dieron testimonio de varios casos. Pero después se supo que era para incriminarnos.

Eso nos pone en una situación un poco difícil, porque a raíz de esto que ha pasado la población de Santa Marta ya no va a dar  información a la Fiscalía para investigar la  verdadera masacre que ocurrió en este lugar, por culpa de este mal antecedente. Lastimosamente de los casos de las masacres de la guerra todavía no hay ninguno judicializado y tienen casos desde 1992. Hay varias denuncias de masacres y no las han investigado. Intención de hacer justicia a la gente de Santa Marta no lo hay, creo que ha sido el contrario, porque han estado instrumentalizando a la gente para esto, para un caso que no debería de jugarse con la idiosincrasia, ni la moral, ni los valores de la gente. 

Cuando fue la demanda contra El Salvador en el caso de la minería nosotros, en Santa Marta, aportamos bastante información de la que nosotros teníamos y es la que le interesaba a la Fiscalía. En ese tiempo se la dimos porque nosotros dijimos que nos estaban defendiendo y gracias a eso ganó el Estado salvadoreño. Hoy nos pagan mal.
 

¿Considera usted que hay independencia judicial para enfrentar estos casos?

Valorar que hay independencia judicial solo por una resolución nuestra, porque nos dejaron en libertad, creo que no es suficiente. Desde el momento que destituyeron a los magistrados (en 2021) y pusieron otros eso demuestra que solo les pegan una llamadita (a los actuales) y les dicen  “hagan esto”. Es como un juego peligroso.

¿Cómo evalúa el apoyo internacional que han tenido durante caso? 

Hubo un apoyo muy grande. Gracias a la relatora de defensores de Derechos Humanos de la ONU, quien siempre estuvo con nosotros en la audiencia inicial y también estuvo mandando cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Estando en Izalco me llegó una nota de Cancillería para que me hicieran el examen médico y eso se logró por solicitud de organismos internacionales.

¿Consideran que ustedes son vistos como una amenaza y por ello los querían afectar enviándolos a prisión? 

Estas capturas lo que hicieron fue fortalecer el sector, unificaron el sistema de organización y creo que no tenían conciencia de qué era ADES ni de la unidad de Santa Marta y creyeron que con detenernos esto iba a morir.

Santa Marta, con ese nivel de organización, lo ven como un peligro en vez de verlo como un potencial para aprovechar esa organización y esa experiencia. Ellos (gobierno) lo ven como una amenaza que va a llevar a otras comunidades a que hagan lo mismo con el descontento que tengan y que haya gente organizada. En Santa Marta defiende su derecho. A este grupo de personas no les tiembla la voz y reclaman derechos. Y eso a los gobiernos no les gusta. Santa marta tiene un nivel político bastante alto, no partidario, sino que pueden hablar de cualquier tema. 

Esta lucha no va a morir porque aquí hay una acumulación de trabajo y liderazgo de más de 20 años.