Ruth Eleonora López, de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, sostuvo que "el derecho de acceso a la información en El Salvador está severamente restringido", debido a la cantidad de datos públicos que están siendo ocultos durante la gestión del presidente Nayib Bukele.

La especialista estuvo en la entrevista de Radio YSUCA este martes 15 de octubre y sostuvo que los salvadoreños cada vez tienen más complicaciones para realizar contraloría social y para acceder a información que aportan a su cotidianidad, como la calidad de agua a la que pueden accecder o en qué se están invirtiendo los fondos públicos.

"Si tuviésemos que hacer un recuento de como está el derecho al acceso a la información, a este 2024, lo primero a lo que tendríamos que referirnos es a los estudios nacionales. En Cristosal por ejemplo hicimos un estudio donde consultamos a 15 periodistas que realizaron 1,463 solicitudes de información desde el año 2019 y de esas solo el 27 % fueron contestadas y se entregó la información, pero el 15 % era información parcial, no completa o tal como se pidió", expuso López.

La abogada también citó un reciente estudio de Acción Ciudadana sobre el rendimiento del Institiuto de Acceso a la Información Pública (IAIP) durante 2023, el cual reveló que esta entidad solo resolvió 131 casos, pero de esos solo 10 fueron a favor de la ciudadanía.

Otro estudio a cargo del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) también constató que de 1,455 solicitudes de información hechas por ciudadanos en 2023 en menos del 50 % se entregó la información.

"La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe sobre el régimen de excepción hizo un recuento de toda la información que no se ha entregado, que no se conoce, que falta para poder documentar una serie de vulneraciones a derechos humanos en El Salvador", citó López.

La representante de Cristosal dijo que próximamente publicarán un informe en el que dejarán constancia de que entre 2019 y 2023 solo el  5.8 % de $1,218 millones del Fondo de Protección. Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) tiene respaldo documental. 

"Estamos hablando de contratos u órdenes de compra que respaldan el uso de estos fondos públicos, pero solo $70 millones tienen ese respaldo, el resto no. ¿Entonces cómo la gente puede determinar si el dinero está siendo bien o mal utilizado", declaró.