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"El estado de excepción está siendo utilizado para atacar a sindicatos, opositores políticos y organizaciones", congresista de Estados Unidos

En su visita a El Salvador, el congresista Patrick McGovern advierte que un estado de excepción "sin el debido proceso es injusto y equivocado" . Instó a las autoridades estadounidenses a acatar las preocupaciones externadas.

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James Patrick McGovern,  miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, concluyó recientemente una visita al Congreso de El Salvador en la que advierte que el régimen de excepción está siendo utilizado para atacar a la oposición, sindicatos y diversos grupos de la sociedad civil.

“El 'estado de excepción' que el presidente Bukele supuestamente impuso para perseguir a las bandas criminales en realidad se está utilizando para atacar a sindicatos, opositores políticos, periodistas y grupos de la sociedad civil”, advirtió McGovern, en un comunicado del segundo distrito congresional de Massachusetts.

Enfatizó no ve ningún problema en abordar la violencia de los grupos criminales, cuando sea con el debido proceso. “Un estado de excepción sin el debido proceso en el que personas inocentes terminan muriendo bajo custodia es injusto y erróneo”.

     

McGovern relató que durante su visita a El Salvador se reunió con personas que están siendo atacadas por su trabajo y con familiares de víctimas mortales del régimen de excepción y advirtió miedo e intimidación: “Sus hermanos e hijos fueron detenidos sin pruebas y sin el debido proceso, sin juicio, sin nada. El nivel de miedo, intimidación y autocensura es comparable al de los años de guerra”.

A la vez, instó a las autoridades de los Estados Unidos a tomar en cuenta las preocupaciones expresadas y a trabajar con el Gobierno salvadoreño para la protección de los derechos humanos.

Desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, organismos externos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que esta medida adoptada en El Salvador “en nombre de la seguridad pública ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos”.
 

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