Aunque la libertad se celebra, los líderes ambientalistas de Santa Marta ahora se enfrentan a otra realidad: sus economías se vinieron abajo al estar bajo arresto y les tocará readaptarse y empezar desde cero.
Tras 21 meses en prisión, las vidas de los líderes de la comunidad Santa Marta cambiaron radicalmente. Tres de ellos son ambientalistas y los otros dos son miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades). Recién comienzan a readaptarse a sus vidas, luego de un mes desde que fueron absueltos por un supuesto asesinato durante el conflicto armado que no logró ser comprobado.
En septiembre de 2023 la justicia les permitió salir de prisión y guardar arresto domiciliario. Eso sin embargo no les permitió trabajar, ni siquiera salir del perímetro de donde vivían, lo cual afectó su estabilidad económica y aseguran que les tomará tiempo retomar su vida a como la tenían en enero de 2023, antes de ser capturados.
Los tres ambientalistas de Santa Marta se han dedicado toda su vida a la agricultura, siembran maíz y frijol, pero el maicillo ha sido su fuerte. Ahora no queda nada de ello. Ya pasó el periodo de siembra y deberán esperar hasta el otro año para retomar sus labores en el campo.
Para Miguel Ángel Gámez es volver a comenzar, Toda la cosecha que tenía cuando lo capturaron desapareció en cuestión de meses porque su familia debía comer y vender para cubrir los gastos de su detención. Eran 38 sacos de maíz y cinco de frijoles, pero de eso no queda nada. Su familia comía de ahí y vendía cierta parte para tener dinero e irle a dejar el paquete al centro penal.
“Estábamos arreglando aquí donde vivimos a puro esfuerzo de granos básicos. Caímos de conseguir aunque sea $20 por cualquier eventualidad a no tener nada. Vamos a empezar desde cero, para ver cómo es de difícil la vida”, aseveró.
Él agradece a la comunidad de Santa Marta el apoyo y colaboración que le ha brindado por las dificultades que enfrenta y valora que la “gente ha sido bondadosa”.
Miguel lamentó que el trabajo al que se dedica como la mayoría de los lugareños, no tenga el apoyo necesario. Dice que la agricultura está “por los suelos”, que antes el gobierno los ayudaba con un quintal de abono, les daba una bolsa de maíz y les daba veneno, pero ahora solo les dan una tarjeta de $75 que “no les alcanza para nada”. Además, esa ayuda es para una manzana, si tienen dos, no les dan nada.
“¿Dónde usted va a tener futuro? No están para apoyar la agricultura sino para quitarla, ¿y qué vamos a comer después?”, cuestionó.
Una situación similar vive Pedro Antonio Rivas, quien también es agricultor y antes de ser capturado sembraba frijoles, maíz, maicillo, albahaca y ajonjolí. El día que se lo llevaron se estaba preparando para ir a cortar una manzana de maicillera, cuando a las 2:00 de la mañana llegaron varios policías a traerlo.
“He luchado y me gusta trabajar por el medio ambiente, me gusta cuidar los montes, cuidar el agüita, porque hay que tomar buena agua. Me gusta hacer hortalizas en verano, así ha sido la vida mía”, detalló.
Rivas tiene 75 años, pelo blanco y una gran sonrisa con la cual cuenta sobre sus planes para el otro año, ya que en este no pudo sacar ningún provecho para subsistir. Frente a su casa pasa un río que le es beneficioso para todo lo que siembra. En su jardín se puede dar fe de ello, pues hay plantaciones de albahaca, guineos majonchos, chiles, entre otros.
“Ya fui a ver los montes donde trabajaba y donde haré la siembra el próximo año. Estoy muy feliz”, relata con sus ojos un poco llorosos.
Y a pesar que Pedro quiere mantenerse optimista, sí considera que hay ciertas dificultades,, no solo por no tener maíz y frijoles para comer, sino por enfrentar la enfermedad de su mujer, que desde que él fue capturado enfermó gravemente y hasta el momento no mejora.
Pedro cuenta que su esposa padece del azúcar, la presión, los nervios, el corazón y tiene un bulto en el pecho. Y aunque le han realizado una operación por otros males, dice que los doctores no quieren arriesgarse a operarla de nuevo, por temor a que sea mortal.
Por el momento no trabaja. Su hija es la que los ayuda con el cuidado de la madre y también les cocina. Otro hijo los está ayudando con la alimentación.
El tercer ambientalista que trata de adaptarse a esta nueva realidad es Alejandro Laínez, quien por el proceso judicial que libró no terminó de construir su casa. Dejó sin terminar el techo y el suelo del pasillo.
También tenía planeado construir un muro por las lluvias, pero todo quedó pausado y en estos momentos, aunque quiera seguir con el proyecto, no puede porque no hay dinero. No ha conseguido trabajo y solo su esposa es quien ha lidiado con los gastos. Por supuesto que la comunidad los ha apoyado.
“Prácticamente ya tenemos dos años que nosotros no hemos podido cultivar. Ahora nos toca andar comprando un poquito para poder subsistir”, aseveró.
Dina, esposa de Alejandro, cuenta que le tocó sembrar de manera más reducida maíz, frijoles y maicillo junto a sus hijos varones, para poder alimentarse. También le tocó trabajar de lavar ropa y de hacer comida para vender. Dice que le ha tocado duro, pero “gracias a Dios salimos, cuesta, pero nos tocó a nosotros como familia”.
Alejandro, igual que Pedro y Miguel Ángel estuvieron presos en sus propias casas y no pudieron salir ni siquiera a la tienda. Eran monitoreados constantemente y para firmar su cumplimiento de las medidas eran los policías los que llegaban todos los días a sus casa con un cuaderno para que firmaran.
Saúl Rivas es asesor legal de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) y junto a Antonio Pacheco, director ejecutivo de dicha asociación, también fueron capturados junto a los otros tres ambientalistas de Santa Marta. Su trabajo es arduamente conocido en la zona, ya que llevan más de 30 años trabajando con proyectos educativos, ambientales, entre otros.
Estos cinco defensores de derechos humanos aseguran que la verdadera razón de su proceso judicial fue por su lucha contra la minería , ya que Santa Marta y Ades representan una “amenaza”, para los empresarios que quieren extraer el oro de la zona norte de El Salvador. Algo que jamás permitirán, afirman los cinco.
Rivas reclama quién responderá por los daños ocasionados al momento de su captura en la casa de su hermana. Denunció que dañaron las puertas y registraron todo, en un lugar donde él no vivía.
“Nadie responde después de eso, pero aparte mi hermana quedó por mucho tiempo sin dormir y quedó muy nerviosa. Hay un impacto en todo. Mis sobrinas anduvieron dando vueltas para ver a dónde me encontraban. Todo eso es un daño irreparable para la familia”, aseveró el abogado, que desde hace unos días está retomando sus labores como asesor legal de Ades.
Antonio Pacheco dijo que la captura fue “un golpe directo” ya que él recibía un sueldo por su cargo y su familia dejó de recibir este ingreso para sus gastos.
Dijo que la misma familia los apoyó y sus hermanos también los ayudaron, igual que la comunidad. “De esa manera es que se logró salir adelante”, aseguró.
Y aunque ambos no son agricultores, sí estaban a cargo de proyectos de Ades, los cuales aunque ellos estuvieron capturados, siguieron adelante y Ades mantuvo las actividades gracias a que “son personas organizadas y preparadas, con conocimiento y con capacidad de respuesta ante las adversidades”.
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