Que existe falta de interés de parte de las instituciones obligadas a la rendición de información pública y la falta de  de actividad del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), son algunos de los elementos que a criterio de Jessica Estrada, directora   de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) han influido para el retroceso en la transparencia desde los entes obligados.
 
En la más reciente  edición del Indice de Percepción de Corrupción que se elabora desde Transparencia Internacional, El Salvador  se ubica en la posición 116, de 180 países evaluados, con un puntaje de 31 puntos ,de 100 posibles, lo cual menciona es  una evidencia del  debilitamiento a la institucionalidad democrática y cierre del espacio cívico en el país, el cual desde el pasado marzo de 2022 se encuentra bajo un régimen de  excepción, que limita tres derechos fundamentales. 

“No hay acceso a la información ni rendición de cuentas, se ha restringido la participación de la ciudadanía, las reglas se cambian a conveniencia y las instituciones de fiscalización y control no actúan con independencia”, considera Estrada, quien además, en esta entrevista, considera que el Ejecutivo no está rindiendo cuentas sobre la forma en que se están tomando decisiones sobre proyectos de gran envergadura. 

¿Cómo evaluaría el trabajo desarrollado por el IAIP en los últimos cinco años, siendo que estudios de la organización Acción Ciudadana reflejan que ha disminuido la cantidad de resoluciones favorables a la población?
El trabajo del IAIP es velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) y garantizar este derecho a la ciudadanía. Lastimosamente, en los últimos años no podemos decir que el Instituto  está cumpliendo la misión para la que fue creado. A pesar que negar información se ha vuelto una práctica común en diferentes instituciones públicas, no vemos que estos se traduzca en un trabajo más activo del Instituto si no todo lo contrario; informes como los de Acción Ciudadana muestran que cada vez se registran menos respuestas que sean favorables a la población salvadoreña.

Dado que la LAIP no ha sufrido reformas en su contenido (aunque hubo un intento en la legislatura recién finalizada), ¿cómo evaluaría el cumplimiento de la misma en este quinquenio?
La falta de actividad del IAIP hace que en la práctica no contemos con un ente garante para velar por el cumplimiento de la LAIP, y eso parece que está derivando también en la falta de interés de los entes obligados de cumplir con esta ley. La mayoría de portales institucionales ya no cuentan con información oficiosa actualizada, varias instituciones declaran inexistente o reservada información que antes era brindada a la ciudadanía y, en general, se ha vuelto cada vez más complicado acceder a información pública y es evidente el retroceso que se ha tenido en esta materia durante los últimos años, y eso que no se lograron aplicar las reformas que buscaban debilitar el contenido de la Ley.

Según otro estudio realizado también por AC ,recientemente, los apartados de información de menor cumplimiento son los relacionados a: participación ciudadana y rendición de cuentas, listado de ofertantes y contratistas y resoluciones ejecutoriadas. ¿Qué valoración hacen de que sea esta la información menos compartida?
El actual gobierno se ha caracterizado por su falta de interés para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Todos estos son elementos fundamentales para prevenir la corrupción y apostar por un uso eficiente de los recursos públicos. La opacidad es aún mayor para procesos e información vinculada con compras y contrataciones públicas, lo que resulta preocupante dada la cantidad de recursos que se han tenido disponibles para estos propósitos en los últimos cinco años, y no se está rindiendo cuentas sobre la forma en que se están tomando decisiones sobre proyectos de gran envergadura ni sobre la forma en que se están utilizando los fondos destinados a ello.

Como FUNDE, ¿qué hallazgos han identificado ustedes en sus investigaciones relacionados a la situación de la transparencia en el país en el último quinquenio?

En la última edición del Indice de Percepción de Corrupción que se elabora desde Transparencia Internacional cada año, nuestro país se ubica en la posición 116 (de 180 países evaluados), con un puntaje de 31 puntos (de 100 posibles). Es evidente el retroceso que se ha tenido en El Salvador en cuanto a combate a la corrupción, lo cual ha ido de la mano con debilitamiento a la institucionalidad democrática y cierre del espacio cívico. Considerando lo anterior, la situación de la transparencia en el país ha experimentado importantes retrocesos, para ejemplificar podemos mencionar: opacidad en el uso de fondos amparados en emergencia por covid, particularmente caso de fondos FOPROMID; incremento en restricciones para acceder a información pública; cambios en materia de compras públicas que dispersan regulaciones; debilitamiento en procesos de elección indirecta de funcionarios; inclusión de altos funcionarios en lista Engel; cierre de CICIES, expulsión de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Un hecho a destacar en el tema transparencia en el país los últimos cinco años fue la salida de El Salvador de la Alianza por el Gobierno Abierto, en 2023. ¿Cómo analizan esa expulsión?
El Salvador fue parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2012. El último Plan de Acción se presentó en 2018, justo antes del cambio de gobierno; es decir, este gobierno no dio seguimiento al plan presentado en 2018 ni presentó ningún plan posterior. Eso, sumado a otra serie de factores, entre ellos el deterioro democrático que ha tenido el país, contribuyeron a la expulsión de esta Alianza. Debe preocuparnos de sobremanera que a nivel internacional estemos demostrando que las autoridades salvadoreñas no están interesadas en incorporar elementos como la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, que son principios fundamentales en la construcción de políticas públicas de manera colaborativa para apostar a Estados e instituciones abiertas a la ciudadanía.

En resumen: el balance del quinquenio en materia de transparencia no es nada alentador, ya que se registran múltiples retrocesos. No hay acceso a la información ni rendición de cuentas, se ha restringido la participación de la ciudadanía, las reglas se cambian a conveniencia y las instituciones de fiscalización y control no actúan con independencia.