Los gobiernos organizan y protegen las sociedad utilizando funciones que incluyen mantener el orden y la seguridad, que no se trata de meter gente a las cárceles, sino establecer leyes y sistemas de justicia para prevenir el caos y proteger a los ciudadanos de daños. Proveen servicios públicos esenciales como educación, salud, infraestructura y seguridad social y defienden los países ante amenazas externas. Regulan la economía para promover crecimiento, estabilidad y bienestar a la población y son responsables de representar a la nación en el ámbito internacional interactuando con otros países para promover la cooperación, el comercio y la paz. Los gobiernos existen para servir al bien común y crear una sociedad más justa, segura y próspera. Pero ¿qué ocurre en El Salvador?
Lo que hemos visto son acciones que debilitan la institucionalidad democrática iniciando con la militarización del órgano legislativo el 9 de febrero 2020; no debemos olvidarlo. Luego las acciones desarrolladas entre el uno y dos de mayo de 2021 con el control del sistema judicial al destituir irregularmente magistrados de la Sala Constitucional y nombrando jueces afines al gobierno. Restricciones al acceso a información pública, clasificando como reservados los gastos y decisiones públicas. Ha surgido un terreno favorable a la corrupción.
El gobierno ha impuesto un régimen de excepción prolongado bajo pretexto de combatir la delincuencia, afectando los derechos de las personas y sus libertades. Han suspendido garantías constitucionales fundamentales por períodos extensos. Hay un hostigamiento sistemático a periodistas y medios críticos, creando un ambiente hostil para la libertad de prensa. La  implementación de medidas arbitrarias durante la pandemia puso en evidencia un patrón autoritario en el manejo de crisis.
¿Qué ocurre con la gestión económica? La adopción forzosa de una criptomoneda como de curso legal ha generado incertidumbre económica y riesgos financieros innecesarios, también el aumento excesivo de la deuda pública y la falta de transparencia en su uso compromete la estabilidad económica futura, por eso ya hay hambre. Falta una política económica clara, no existe un plan económico coherente que promueva el desarrollo sostenible y la generación de empleo.
No hay desarrollo social; los programas sociales son clientelistas y las ayudas sociales se han utilizado como herramienta política sin crear soluciones estructurales a la pobreza; el resultado ha sido más pobreza con atún y macarrones.
La inversión en educación es insuficiente, sin mejoras en la infraestructura educativa ni en la calidad de la enseñanza. Sumemos un sistema de salud precario, sin reformas sustanciales para fortalecer el sistema público de salud. Los médicos se han convertido en enemigos del estado.
El gobierno considera su gran éxito la seguridad pública, éxito controversial debido a que es una política de seguridad represiva con enfoque puramente punitivo al no abordar las causas estructurales de la violencia; esto empeora por denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción sin investigaciones adecuada. No olvidemos a los inocentes. No hay información clara sobre las políticas y resultados en materia de seguridad.
Sobre la cohesión social, lo esencial que se ha logrado en este gobierno es una polarización social generada por un discurso divisivo que ha profundizado las fracturas en la sociedad salvadoreña, y se ha debilitado a las organizaciones civiles y deteriorado el diálogo social.
Tampoco podemos olvidar el irrespeto a la Constitución, retorcida para justificar una reelección; surgen las dudas generadas en el sistema electoral. El actual gobierno, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática y promover el desarrollo humano sostenible, ha implementado un modelo autoritario que compromete el futuro del país. La concentración de poder, el debilitamiento institucional y la falta de transparencia son las características que definen esta administración que ha puesto trampas al desarrollo.
Las políticas implementadas han buscado lo mediático, no las soluciones estructurales a los problemas del país; y la ausencia de contrapesos efectivos y la erosión de libertades fundamentales representan un retroceso significativo en la construcción de la democracia de El Salvador.
Es imperativo que la sociedad civil, los sectores democráticos y la comunidad internacional mantengan una postura vigilante y crítica ante estas tendencias autoritarias, y no olvidemos que solo mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la implementación de políticas verdaderamente inclusivas y sostenibles podremos avanzar hacia un desarrollo equitativo y duradero.
Defender los valores democráticos es fundamental para contrarrestar el autoritarismo creciente y construir un futuro más justo para El Salvador.
Lo único que nos falta es valor, y de eso los salvadoreños ya hemos demostrado que tenemos de sobra.