El experto en Planificación Urbana y Regional habló sobre las condiciones habitacionales del Centro Histórico, el costo de las licencias municipales, la demolición de la estructura antigua del Hospital Rosales y los peligros de la securitización del espacio público.
“Pensamos que es factible, como vemos en diferentes experiencias a nivel internacional”, opinó este miércoles el arquitecto Carlos Ferrufino sobre la posibilidad de reordenar el espacio público del Centro Histórico de San Salvador manteniendo las ventas de comerciantes.
El académico explicó que su factibilidad se sostiene, sobre todo, en el espacio público como derecho de todos, y el reto es conciliar esa garantía con el derecho al trabajo y a la libre circulación en el espacio público.
“En ese sentido, cuando las personas se apoderan de calles y aceras para un uso privativo, es un fenómeno que se debe corregir, porque los que caminamos en ese espacio vemos vulnerado otro derecho: a la libre circulación o tener espacio para ocio o recreación”, dijo el también maestro en Planificación Urbana y Regional de la UCA.
Pero es importante efectuar el reordenamiento ofreciendo alternativas apropiadas a la población desplazada y no solo notificaciones de desalojo, pues de lo contrario se infringe el derecho al trabajo ya que “los excluimos de un área sin dar alternativas”.
“Nadie se opone a que haya procesos de reordenamiento o revitalización de la ciudad, pero no debe ser a costa de vulnerar a determinados grupos, sobre todo a los que tienen una posición más frágil”, apuntó.
Si no se ofrecen opciones, los vendedores se trasladan a otras áreas urbanas y el problema se propaga.
“Probablemente de manera no tan concentrada como estaban antes, pero nuevamente están en el espacio público de una manera muy vulnerable”, dijo Ferrufino, y añadió que algunos compradores sufren una “carga” al verse obligados a llegar a los nuevos sitios de venta.
“Está muy bien que en el Centro se atraigan inversiones para que se establezcan actividades de ocio, recreación, alimentación, alojamiento que tienen determinados públicos según el costo que se pueden pagar en esos sitios, pero no podemos ignorar que en el centro sigue existiendo una población trabajadora que tienen otras capacidades económicas, y también necesitan lugares donde comer, recrearse y reunirse”.
Por otro lado, señaló que la intervención de los cuerpos de seguridad en el casco urbano puede generar episodios de violencia que son “voces de alarma” al atentar contra la seguridad física de las personas.
“También son una condicionante muy fuerte para los que pueden o no ser los usuarios del lugar”, señaló, agregando que se debe abordar la revitalización desde una lógica inclusiva y del derecho colectivo a la ciudad, que tienen todos.
Bajo ese criterio inclusivo, Ferrufino consideró que también hay que mejorar la condiciones habitacionales “precarias” que sufren los habitantes del Centro.
Ferrufino dijo que los costos de las licencias para operar en el Centro Histórico deben ser proporcionales a las capacidades económicas de cada negocio y vendedor, ya que al contrario se excluyen a los comerciantes más pequeños.
“Pagar $1,000 para un establecimiento formal de importancia probablemente es una carga relativamente menor para una persona que se está ganando el día a día con el mismo tipo de negocio”, mencionó.
Las licencias a los negocios de zapaterías, por ejemplo, son más caras que para hoteles.
El académico valoró que destruir el edificio antiguo del Hospital Rosales implica quitarle su valor patrimonial, urbano e histórico que pertenece a toda la sociedad.
Apuntó que se podría haber mantenido la estructura antigua con servicios y actividades propicias para realizarse en sus instalaciones, como lo hace el Hospital de Medellín, en Colombia.
“Podemos tener un Hospital Rosales que preste los mejores servicios para la población pero al mismo tiempo podemos conservar el edificio antiguo; es la estructura metálica de mayor tamaño construida en el mundo y la estamos destruyendo”, sentenció.
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