El Estado salvadoreño no se presentó a la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde las organizaciones de sociedad civil denunciaron a la administración de Nayib Bukele por promover y aprobar reformas a la Constitución de la República y leyes que contravienen la democracia en el país.

Durante la audiencia con la CIDH, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron al Órgano Ejecutivo de impulsar el rompimiento de la división de poderes con el Órgano Judicial y Legislativo a través de cambios a la Constitución de la República para avalar la reelección presidencial.

La abogada y directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Leonor Arteaga, dijo que esta es la cuarta ocasión en que el Estado salvadoreño no envía a sus representantes a una audiencia pública, y lamentó que no asista a un espacio de diálogo facilitado por la Comisión. 

El abogado Enrique Anaya dijo a la CIDH que los cambios a las reglas para la reelección solo se realizaron para “favorecer al gobernante en turno”.

El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia impuesta por diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir la reelección presidencial inmediata. Bukele llegó a la presidencia desde junio de 2019 en su primer mandato legítimo, y fue reelecto para su segundo mandato desde 2024. 

Otro riesgo que representantes de las organizaciones identificaron es el estudio de reformas a la Constitución impulsado por Félix Ulloa, vicepresidente de la República; así como el cambio de que solo una legislatura apruebe reformas constitucionales en un mismo período.

Ese cambio al a Constitución fue aprobado por Nuevas Ideas el 29 de abril de este año y está pendiente de ratificar.