Ocho mujeres, una de ellas centroamericana y el resto venezolanas, estaban incluidas en el grupo de privados de libertad deportados por Estados Unidos hacia El Salvador el pasado 16 de marzo, pero no fueron aceptadas en este último porque el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), la cárcel donde serían ingresadas, no es para mujeres.

Documentos judiciales a los que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA confirman que Estados Unidos incluyó mujeres en la deportación de privados de libertad que hizo el 16 de marzo del presente año, pero que al estar en suelo salvadoreño los funcionarios locales informaron a sus pares estadounidense que las mujeres no se podían quedar.

"Escuché a un funcionario salvadoreño decirle a un oficial del ICE (inmigración de Estados Unidos) que el gobierno salvadoreño no detendría a alguien de otro país centroamericano debido al conflicto que causaría. También le escuché decir que no recibirían a las mujeres porque la prisión (CECOT) no era para mujeres y las mujeres no estaban mencionadas en el acuerdo", dice el testimonio de una de las deportadas que volvió a Estados Unidos debido a este impase.

Según la narración, todas las mujeres regresaron a Estados Unidos, junto a funcionarios del ICE.

La declaración está incluida entre los documentos judiciales del proceso que lidera el juez federal James Boasberg para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, en la cual se ha basado Donald Trump para deportar a venezolanos que su gobierno considera delincuentes y miembros de la banda transnacional El Tren de Aragua.

Otro de los testimonios en el proceso judicial también revela que a estas mujeres y a los hombres deportados se les dijo que iban con destino a Venezuela, su país de origen, pero terminaron en El Salvador.

"Mientras estábamos en el avión los funcionarios del gobierno (estadounidense) les pedían a los hombres que firmaran un documento y ellos no querían. Los funcionarios del gobierno los presionaban para que firmaran los documentos y los amenazaban. Los escuché hablar sobre los documentos y se referían a que los hombres admitieran ser miembros de TdA (Tren de Aragua", dice otro de los documentos.

Los testimonios son ocupados por el juez Boasberg para documentar si el gobierno del presidente Donald Trump desobedeció una orden judicial que impedía la deportación de los venezolanos hacia El Salvador.