Según expertos migratorios, aunque aún es complejo descifrar cuáles serán las nuevas políticas de Trump durante su nuevo mandato, algunos migrantes han iniciado procesos de regularización.
Con el triunfo de Donald Trump en las elecciones recién pasadas en Estados Unidos, especialistas en migración han observado un panorama incierto sobre las políticas migratorias que podría adoptar el gobierno del republicano para el siguiente período presidencial.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca está llamado a remodelar la política exterior de Estados Unidos, prometiendo cambios potencialmente radicales en múltiples frentes, uno de los cuáles es la migración.
La primera presidencia de Trump se caracterizó por políticas migratorias agresivas. Y prometió ir aún más lejos de regresar a la Casa Blanca. Declaró que el primer día de su mandato “comenzará la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos”.
Para Napoleón Campos, experto en relaciones intencionales, afirmó que, con la llegada del segundo mandato de Donald Trump a la presidencia podría observarse, no una versión dos de cuando el mandatario estuvo al mando del gobierno estadounidense, entre 2017 y 2021, sino que podría verse una versión “más agravada” de lo antes visto.
“Con este tipo de victorias estamos hablando de un ejercicio de poder que le llamamos del Bus Lleno. Eso significa que (el poder) Ejecutivo y el Congreso, con todo lo que el balance de poder significa, existiría una disolución momentánea del balance de poder, salvo para grandes decisiones calificadas que son muy contadas en la Constitución de los Estados Unidos; hay que esperar y ver qué decisiones toman sobre migración”, explica Campos.
Agregó que, si bien no existe una capacidad por parte del gobierno para deportar a la cantidad de migrantes (25 millones de personas) que ofreció el ahora electo vicepresidente J.D. Vance, “sí pueden tener una capacidad para deportar en los próximos dos años entre cuatro a seis millones de personas”.
El asesor migratorio Reynaldo Alvergue desconoce el dato dado por Vance, ya que actualmente en Estados Unidos hay un aproximado de 11 millones de personas de forma irregular en Estados Unidos.
“Normalmente son 11 millones de personas ilegales, no sé de donde van a sacar las otras 14 millones. Me imagino que sí van a endurecer los programas, eso es lo que se está especulando”, explicó Alvergue.
César Ríos, director ejecutivo de Asociación Agenda Migrante de El Salvador, explicó que el dato de los 25 millones de migrantes que habrían entrado a Estados Unidos durante los últimos cuatro años de gobierno es falso.
“Han existido 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados, y el presidente Biden se comprometió a darle residencia permanente a estos 11 millones”, explicó Ríos.
Aclaró que “el otro dato que han alterado es el de que en estos últimos cuatro años, bajo la administración Biden, entraron otros 11 millones. Esto no es cierto, lo que hay son 11 millones de registros en la frontera de las personas que fueron detenidas, y los deportaron, les dieron asilo, o los dejaron pasar”.
Sobre los programas migratorios como el TPS, Alvergue dijo que ese podría sufrir un cambio durante la nueva gestión de Trump.
Alvergue explicó que “se espera la cancelación de muchos programas, incluso, el TPS es uno de los que podría sufrir un cambio, pero como son programas ejecutivos, que nacieron de una orden ejecutiva, también se ha prorrogado a través de las negociaciones que han hecho con los mandatarios que han estado en ese momento”.
El asesor comparó el actual TPS con el de las décadas de 1980 y 1990, y el Programa de Ajuste Nicaragüense y Alivio de Centroamérica (Nacara) que se comenzó a implementarse cuando la inestabilidad política y violencia en Centroamérica causaron una oleada de migración en busca del asilo político a Estados Unidos.
Esta ley ha permitido suspender el proceso de deportación o pedir la cancelación de remoción, incluso si no se está en este trámite, aseguró el experto.
Según Alvergue, un programa similar podría retomarse durante la nueva administración y frente al vencimiento del TPS para El Salvador y otras naciones en marzo de 2025.
Según Ríos, actualmente hay un juicio contra esa medida de fin del TPS (que impuso Donald Trump durante su primer gobierno) y la deportación de estas personas beneficiarias. Todavía está en la Corte y si esta determina a favor de que no es válida la demanda para que el programa no finalice, “entonces ellos van a quedar a expensas de una decisión ejecutiva, o sea que el presidente Donald Trump va a tener en sus manos si los saca o no del país”.
La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes y logró mantener el amparo.
Entre finales de 2017 y principios de 2018, la administración Trump decidió revocar el estatus de TPS para Nicaragua y El Salvador, y puso como fecha límite el 9 de septiembre de 2019.
Ante las demandas de tepesianos salvadoreños, EUA anunció la decisión de ampliar un año más el permiso para vivir y trabajar sin riesgo de ser deportados; el nuevo plazo fue fijado hasta para el 4 de enero de 2021.
Cinco meses después, Estados Unidos anunció la decisión de ampliar un año más el permiso para vivir y trabajar sin riesgo de ser deportados; el nuevo plazo fue fijado hasta para el 4 de enero de 2021.
En junio de 2023, el gobierno de Joe Biden extendió el plazo para los permisos de trabajo para quienes residieran en el país sin un estado migratorio regulado. El plazo se amplió por 18 meses, y este vencería en marzo del próximo año 2025. Una decisión que está a punto de vencerse.
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