
Según Alianza Américas, durante la última semana ha existido un incremento de personas que han buscado reinscribirse en el TPS. El nuevo período, otorgado por administración Biden finalizará en septiembre de 2026.
Este 18 de marzo marca el cierre del período de reinscripción para los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), dejando en incertidumbre a miles de personas que aún no han completado el trámite. Organizaciones promigrantes, como Alianza Américas, han advertido sobre las graves consecuencias para quienes pierdan esta protección, especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump.
Yanira Arias, activista de Alianza Américas y beneficiaria del TPS, reiteró la urgencia de esta reinscripción y advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes no completaron el trámite. “Es preocupante que haya compatriotas que aún no han realizado este proceso. No reinscribirse implica perder la única protección que tenemos para seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos sin temor a la deportación”, dijo.
El número de reinscritos sigue por debajo del total de beneficiarios. Según datos oficiales, hasta septiembre de 2024, solo 130,000 salvadoreños habían completado su reinscripción, de un universo de 239,000 que deberían hacerlo.
Arias lamentó que, pese a los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, la cifra de reinscritos sigue siendo baja. “Hay factores que han desalentado la reinscripción, desde la confusión sobre los plazos hasta el miedo generado por la administración Trump. Pero no podemos permitirnos perder esta protección en un momento tan crítico”, señaló.
La activista también destacó el impacto de la falta de información.
“Hemos visto casos de personas que piensan que la reinscripción no es obligatoria o que han esperado hasta el último momento para iniciar el proceso. Hay mucho desconocimiento y desinformación que han afectado la tasa de reinscripción”, explicó.
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su administración ha tomado medidas que afectan directamente a los beneficiarios del TPS y a la comunidad migrante en general. Entre sus primeras acciones, firmó órdenes ejecutivas que facilitaron deportaciones masivas, reactivó la política Permanecer en México y amplió las redadas en comunidades de inmigrantes.
Arias enfatizó que la comunidad salvadoreña debe estar preparada ante el endurecimiento de las políticas migratorias. “La administración Trump ha dejado claro que quiere reducir al máximo la población migrante protegida bajo programas como el TPS. No reinscribirse es quedar completamente expuesto a una posible deportación”, advirtió.
Para quienes pierdan el TPS y sean deportados, el panorama en El Salvador no es alentador. La Dirección General de Migración y Extranjería ha confirmado que no cuenta con cifras actualizadas sobre los retornados, lo que evidencia la falta de un plan sólido para atender a quienes regresan forzosamente al país.
Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han insistido en la necesidad de un modelo de protección integral para los deportados. “El Salvador debe generar un sistema de respuesta para la población retornada, con apoyo de gobiernos locales, sociedad civil y el gobierno central”, ha señalado Héctor Carrillo, director de FESPAD.
Arias también criticó la falta de preparación del gobierno salvadoreño ante un posible aumento en las deportaciones. “No hay políticas de reinserción laboral ni programas de apoyo para los retornados. Las personas que sean deportadas se encontrarán con un país que no está listo para recibirlos”, expresó.
Ante la incertidumbre que enfrentan los tepesianos, congresistas demócratas y la republicana María Elvira Salazar presentaron en febrero de 2025 el American Dream and Promise Act, una propuesta que busca otorgar un camino hacia la ciudadanía para beneficiarios del TPS, Dreamers y personas con Salida Forzada Diferida (DED). Sin embargo, el futuro de esta legislación es incierto en un Congreso dividido y con una administración poco favorable a las protecciones migratorias.
Arias enfatizó que la comunidad salvadoreña debe seguir organizándose para exigir soluciones permanentes. “No podemos seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitamos una vía hacia la residencia permanente, y eso solo se logrará si nos mantenemos unidos y luchamos por nuestros derechos”, concluyó.
Con la fecha límite de reinscripción ya alcanzada, la preocupación entre los salvadoreños en Estados Unidos sigue en aumento. Sin garantías de una solución a largo plazo y con una política migratoria cada vez más restrictiva, miles de personas enfrentan un futuro incierto en un país que ha sido su hogar durante décadas.
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