Expertos en leyes reaccionaron a la llegada de miembros de la MS-13 y de supuestos pandilleros venezolanos a las cárceles salvadoreñas y enfatizaron en la ausencia de un marco legal que regule estas medidas adoptadas por los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya dijo en la entrevista televisiva Frente a Frente que lo sucedido el fin de semana no puede ser llamado deportaciones, sino que son “expulsiones”.

“En El Salvador no hay ninguna ley que autorice que podamos tener a presos detenidos que no han sido condenados en El Salvador. Entonces, ¿sobre qué base legal se van a tener a personas, independientemente de su nacionalidad, que no han cometido delito en El Salvador?”, expuso. 

Además, cuestionó quién tendrá la responsabilidad sobre los venezolanos en el CECOT, pues en el caso de los privados de libertad salvadoreños la función la ejerce un juez de vigilancia penitenciaria.

¿Bajo jurisdicción de qué juez están? ¿Del juez estadounidense o de uno en El Salvador? ¿Quién estará vigilando si se cumple la pena o no? No hay ninguna información”, añadió Anaya.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo también que participar en este proceso de deportaciones o expulsiones le traerá al Estado salvadoreño graves problemas internacionales.

La transgresión ha sido al debido proceso nacional e internacional, la soberanía del Estado y el respeto al tercero involucrado, que son los condenados y procesados traídos al CECOT. Demandas internacionales se vienen de todos lados”, advirtió la también abogada.

Escobar también destacó la debilidad del sistema carcelario salvadoreño, donde “hay torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, muertes extrajudiciales. No hay respeto”.

Mientras que Noah Bullock, director de la organización humanitaria internacional Cristosal, dijo a la agencia internacional EFE que “tenemos a dos jefes de Estado (Donald Trump y Nayib Bukele) que han acordado deportar y desaparecer a cientos de personas en los centros penales de El Salvador sin la más mínima garantía. No sabemos quiénes son y no sabemos bajo qué jurisdicción judicial se van a garantizar sus derechos. Se ha mandado a esas personas a un hoyo negro judicial”.

Ruth Eleonora López, jefa de la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, también expuso en redes sociales que el procedimiento entre Estados Unidos y El Salvador no tiene fundamento en la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Penas en el Extranjero:

El Salvador y Estados Unidos acordaron un pago anual de $20,000 por cada reo extranjero albergado en el CECOT.