La única conclusión que se desprende de la desestimación de los cargos contra un importante líder pandillero salvadoreño y de su deportación desde los Estados Unidos de América es que la solicitud del gobierno de El Salvador finalmente encontró eco; su interés y la anuencia de la administración Trump puede leerse desde distintas claves.
El caso que el gobierno norteamericano lleva desde hace algunosaños contra la pandilla, a la que acusó de terrorismo en 2019, se nutrió de la colaboración de varios de los jefes históricos de esa organización criminal; en su esfuerzo por desarticularla, por debilitar sus nexos políticos y hurgar lo más profundo posible en su funcionamiento internacional, la Fiscalía estadounidense solicitó a la administración salvadoreña la extradición de al menos cuatro cabecillas que rendían prisión en el sistema penitenciario nacional. La justicia se negó, y uno de los argumentos que animaron el debate en la Corte Suprema fue que podían enfrentar esos cargos en El Salvador.
Es importante puntualizar que ya en 2021, cuando el Departamento de Justicia norteamericano hizo la primera de esas solicitudes de extradición, la opinión pública salvadoreña albergaba dos teorías sobre el cambio en la política de seguridad, que pasó de una aproximación que en lo público hablaba de inclusión y reconstrucción del tejido social y en lo privado se traducía en conversaciones con dirigentes de esa estructura delictiva, a la de endurecimiento del discurso y énfasis en la represión. Por supuesto, el disparador del giro en el enfoque sería el fin de semana homicida de un año después.
Según una de las teorías, alimentada por numerosas publicaciones periodísticas independientes, la mesa de conversaciones que la delincuencia y algunos funcionarios mantuvieron con el propósito de reducir el número de homicidios en los primeros años del quinquenio uno de Bukele perdió el control de lo que ocurría en la calle. Ante esa situación y su oprobiosa consecuencia, la agresión terrorista de 2022, el gobierno renunció a mantener esos contactos, mismos que a la fecha no reconoció, y le declaró la guerra a la pandilla.
Si antes de 2022 la justicia salvadoreña alegaba que no procedía enviar a los líderes mafiosos a otro país a ser juzgados por crímenes que podrían purgar en el sistema penitenciario doméstico, en el marco del régimen de excepción el argumento ya no requiere un envase constitucional, alimentado ahora por el discurso de seguridad: deben pagar por sus delitos contra El Salvador en El Salvador, y ese es "un punto de honor".
Además es congruente, porque al gobierno salvadoreño no le han interesado la investigación ni el proceso que su par estadounidense sostiene contra la pandilla por terrorismo, narcoactividad y otros delitos. Cualesquiera que sean las razones, desde preocupación por las revelaciones que algunos delincuentes criteriados en los Estados Unidos de América hagan sobre su comunicación con ciertos funcionarios hasta la posibilidad de que autores intelectuales de los asesinatos de 2022 no vuelvan al país a enfrentar a la justicia, la deportación de uno de ellos es un triunfo para el régimen. Es además una concesión diplomática y geopolítica tal cual reza el documento que la Fiscalía norteamericana envió a un juzgado, desistiendo de acusar al referido mafioso, toda una declaración de intenciones de cara al futuro de las relaciones entre los republicanos y la nueva derecha cuscatleca.
Quedan muchas preguntas en el ambiente, pero la principal es qué tan importante es este paso en el proceso contra los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de marzo de 2022, y qué tan cerca está la ciudadanía de que se le revelen los detalles de aquellos abominables hechos.