La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayer al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador penas hasta de 30 años de cárcel para los procesados en el caso Saqueo Público, donde son acusados exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial por recibir sobresueldos.

La petición la hicieron ayer durante los alegatos finales del juicio, en el que son procesados la exprimera dama de la República Vanda Pignato; el exsecretario de comunicaciones David Rivas; y el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé.

Los otros acusados que han enfrentado esta etapa desde el 15 de agosto de 2023 son Rigoberto Palacios Panameño, Luis Miguel Ángel García, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez, Manuel Rivera, Jorge Alberto Hernández Castellanos y Juan Carlos Guzmán Berdugo. Este último exsuegro de Mauricio Funes.

“Sí la Fiscalía toma en cuenta que quien tenía la administración de los fondos es Francisco Cáceres (...) él no puede ser testigo”
Ricardo Martínez, defensor de  Manuel Rivera.

Según la acusación de la Fiscalía General de la República, el expresidente de la República, Mauricio Funes, sustrajo de las cuentas del tesoro público un total de $351 millones y se valió de varias personas allegadas a él para llevar ese dinero a cuentas particulares.

Del total de imputados, al menos tres de estos podrían recibir penas de 30 años de cárcel. Se trata Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial; Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia de la República; y Manuel Rivera, expresidente del Banco Hipotecario. Los tres son acusados por la Fiscalía por peculado y lavado de dinero y de activos.

En el caso de la ex primera dama, Vanda Pignato, la Fiscalía la acusa por los delitos de lavado de dinero y simulación de delitos. Hasta el cierre de esta nota, la representación fiscal había solicitado la pena máxima por simulación de delito, que son cuatro años y podría aumentarse a 19 si el ministerio público fiscal pide también la pena máxima por lavado de dinero y activos, que son 15 años. Además, Miguel Menéndez podría enfrentar 23 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y de activos y defraudación al fisco.

“No los estamos acusando de que se embolsaron el dinero, sino que con sus actuaciones aportaron para la sustraccción de ese dinero”.
Auxiliar fiscal, asignada al caso.

Durante los alegatos finales, una de las auxiliares fiscales mencionó que la acusación en contra de los 10 imputados no es porque hayan robado dinero, sino porque colaboraron para que el dinero que fue sustraído y enviado a fondos reservados de la Presidencia fueran administrados a discrecionalidad por el expresidente Funes, el exsecretario Privado, Francisco Cáceres, y otros exfuncionarios.