La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que las recientes reformas penales aprobadas por la Asamblea Legislativa ponen en grave peligro a niños, niñas y adolescentes, al permitir su traslado a cárceles de adultos. Según HRW, esta medida vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y expone a los menores a condiciones de abuso y tortura dentro del sistema penitenciario salvadoreño.

El presidente Nayib Bukele sancionó la reforma el 13 de febrero de 2025, la cual establece que menores acusados de delitos vinculados al crimen organizado serán recluidos en pabellones separados dentro de prisiones para adultos administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Sin embargo, HRW señaló que esta separación no es suficiente para garantizar su seguridad y bienestar.

“Estas reformas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Agregó que esta medida representa “un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en el país”.

HRW recordó que, desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 3,000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin vínculos claros con actividades delictivas. En muchos casos, las capturas han sido arbitrarias y basadas en denuncias anónimas o en la apariencia física de los jóvenes. Además, para febrero de 2024, al menos 1,065 menores habían sido condenados bajo el cargo de “agrupaciones ilícitas”, con pruebas poco creíbles y sin garantías adecuadas de debido proceso.

La organización también destacó las condiciones de hacinamiento y abuso en las cárceles salvadoreñas, donde han muerto al menos 368 personas durante el régimen de excepción. Según informes, los detenidos están incomunicados y sin acceso a recursos legales efectivos, mientras que el acceso a necesidades básicas, como alimentación y atención médica, es extremadamente limitado.

Expertos en derecho penal juvenil han señalado que estas reformas son inconstitucionales, ya que contradicen el artículo 35 de la Constitución salvadoreña, que establece que los menores deben ser juzgados bajo un régimen especial. Además, incumplen tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que estipula que los menores deben ser separados de los adultos en los centros de detención y recibir un trato orientado a su rehabilitación e integración social.

Las reformas a la Ley Penal Juvenil también establecen que serán los Tribunales de Crimen Organizado quienes supervisen las penas de los menores en lugar de los Juzgados de Vigilancia. Esta modificación altera la estructura del sistema judicial juvenil y, según abogados penalistas, reduce la posibilidad de medidas alternativas al encarcelamiento. Anteriormente, la Ley Penal Juvenil priorizaba la educación y la reinserción de los menores a la sociedad a través de talleres y programas especializados.

Además, la legislación previa garantizaba que los menores estuvieran resguardados en centros de inserción social diferentes a los de los adultos, con una clasificación según su edad y situación legal. Sin embargo, la nueva reforma elimina esta garantía, generando preocupaciones sobre el impacto de esta medida en la salud física y psicológica de los menores privados de libertad.

Preocupación de organismos internacionales

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante estas reformas. Organismos como UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han alertado que estas medidas representan un "retroceso" en el sistema de justicia juvenil del país.

Además, expertos en derechos humanos han expresado que las cárceles salvadoreñas no están preparadas para recibir a menores de edad. Actualmente, hay ocho Centros de Inserción Social con capacidad para 2,045 internos, pero se desconoce cuáles serán los planes de adaptación para los nuevos internos en prisiones de adultos.

El Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, aseguró que se implementará un protocolo especializado para la reclusión de los menores, con medidas de seguridad, supervisión permanente y acceso a programas educativos. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado escepticismo sobre la capacidad del gobierno para garantizar estas condiciones en un sistema penitenciario que ya enfrenta graves deficiencias.

HRW instó a la Asamblea Legislativa de El Salvador a revertir estas reformas y adoptar medidas que prioricen la protección de la infancia y adolescencia, en línea con los compromisos internacionales y los principios constitucionales del país.