El Ministerio de Defensa alega a su vez que es una investigación de los Estados Unidos y que no posee una copia de los resultados, mientras que Fiscalía se declaró incompetente. El día del accidente del helicóptero, Arriaza Chicas dirigía un operativo en el que recibió desde Honduras al exgerente de COSAVI, acusado de desfalcar $35 millones.
La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene que es inexistente en la institución la investigación sobre la muerte de su director, Mauricio Arriaza Chicas, y del subdirector Omar García Funes, ambos fallecidos junto a siete personas más en un accidente de helicóptero ocurrido en septiembre de 2024.
“NO EXISTE NI SE HA GENERADO información relacionada a la investigación realizada entre el gobierno de El Salvador y autoridades de los Estados Unidos con relación a accidente aéreo, ocurrido el 8 de septiembre de 2024, en el que murió el señor director general de la Policía”, confirmó la entidad policial en resolución a una solicitud de acceso a la información.
El Área de Archivo de la Sección de Análisis y Tratamiento de la Información del Departamento de Investigaciones de la delegación departamental de la Policía de La Unión Sur argumentó que en esa área no se llevó a cabo ni se coordinó la investigación, por ello no existe. Sin embargo, la solicitud fue dirigida a la institución policial en general y la resolución no incluye respuesta de ninguna otra área.
A las 11:14 de la noche del domingo 8 de septiembre de 2024, la Fuerza Armada sostuvo que un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña se había accidentado en Pasaquina, La Unión. Minutos después, confirmó que en el siniestro había muerto Arriaza
Chicas, mientras lideraba la comitiva que transportaba de regreso a San Salvador al exgerente de COSAVI, Manuel Coto Barrientos, capturado ese mismo día en Honduras por estar vinculado a la acusación de apropiación indebida de $35 millones que directivos de la cooperativa realizaron a sus ahorrantes.
Cuatro meses después, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó, en un comunicado en X, que el gobierno salvadoreño apoyado por autoridades estadounidenses investigaron el hecho.
“Problemas operativos”, detallaba uno de los supuestos hallazgos. f al piloto a reducir la altitud en busca de visibilidad.
La FAES afirmaba únicamente que la investigación había sido realizada por expertos en aviación de ambos países. Sin embargo, la embajada estadounidense detalló en un agradecimiento al gobierno que esta tuvo participación de expertos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En respuesta a una solicitud realizada por este medio a la Oficina de Acceso a la Información de la institución, la FAES argumentó que no contaban con una copia de la referida investigación.
“La unidad administrativa informó que la investigación fue solicitada al gobierno de los Estados Unidos, este organismo no posee copia del informe de investigación”, alegó.
Sin embargo, su respuesta es contradictoria con el mismo comunicado que la institución difundió, que indicaba que la investigación fue ordenada por el presidente de la República sumando el apoyo de los Estados Unidos.
La misma petición se realizó a la Fiscalía General de la República (FGR), quien se declaró incompetente “por no ser información cuyo trámite esté regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública”.
La unidad de la Fiscalía sustentó su resolución en que las peticiones de los ciudadanos relacionadas a conocer si existen investigaciones o información sobre ellas no es una competencia que esté atribuida a las instituciones en la LAIP.
“De acuerdo con lo que antecede, esta unidad es incompetente en virtud de la finalidad y naturaleza del procedimiento de acceso a la información regulado en la LAIP”, expone el documento.
El día del accidente en el que murió Arriaza Chicas, el titular de la PNC estuvo a cargo de dirigir el operativo en la frontera El Amatillo en el que autoridades salvadoreñas recibieron al exgerente de COSAVI.
Coto Barrientos fue entregado por Honduras a El Salvador, donde era requerido por dos delitos. La Fiscalía lo acusaba por estar supuestamente vinculado a la sustracción o apropiación de $35 millones del dinero de los ahorrantes de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (COSAVI).
Las autoridades hondureñas sostuvieron en su informe que Coto Barrientos fue capturado en un operativo en el sector de Choluteca por policías de investigaciones y miembros de la unidad de fronteras cuando viajaba a Estados Unidos de forma ilegal con un tratante de personas.
Sin embargo, la versión que la Fiscalía salvadoreña dio era totalmente contraria. El 27 de julio de 2024, el fiscal general, Rodolfo Delgado informó que Coto Barrientos había sido capturado en Panamá y que se encontraban gestionando para lograr su deportación a El Salvador.
Un día después del siniestro, sin embargo, el Ministerio Público de Panamá desmintió a Delgado al sostener que no poseían registros de la captura de Coto Barrientos. La Policía de ese país dijo además a este medio que no tenían ningún registro de captura del acusado.
La noche de aquel 8 de septiembre llovía cuando tres miembros de la FAES, Arriaza Chicas, Coto Barrientos, los comisionados Douglas García Funes y Rómulo Pompilio Romero, un cabo de la PNC y un comunicador subieron al helicóptero para ser traslados a una conferencia que la Fiscalía había programado esa misma noche para presentarlo a los medios.
Del accidente no hubo ningún sobreviviente. Tras ello, las autoridades no esclarecieron quién dio la orden para que viajaran en helicóptero con esas condiciones climáticas y tampoco qué sucedería con el caso de COSAVI. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reservó toda la documentación referente al caso, así como los procesos vinculados a la Fiscalía.
Seis meses después del accidente, aún no ha sido nombrado el sustituto del exdirector Arriaza Chicas.
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