En el primer semestre de 2024, es decir, de enero a junio, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) atendió a 146 niñas y adolescentes mujeres por violencia sexual, así detalla un informe del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) denominado “Violencia sexual y embarazos tempranos contra niñas y adolescentes en 2024”.

De acuerdo al informe que elaboró la oenegé, basándose en información de ISDEMU, solo en los primeros seis meses del año pasado, 146 niñas y adolescentes mujeres entre los 10 y los 19 años recibieron atención por violencia sexual; el segundo grupo más vulnerable fueron las mujeres entre los 20 y 29 años, con 58 casos.

El informe del Observatorio destaca que hubo seis casos de niñas entre los 0 y 9 años que también fueron víctimas de violencia sexual, una cifra que consideraron “preocupante”, pues esto “sugiere un problema estructural relacionado con la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes frente a la violencia sexual”.

Mayra Bolaños, coordinadora del programa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de ORMUSA, explica que los datos que recogen en el informe son los que llevaba la Fiscalía General de la República (FGR) e ISDEMU. Lamentó el limitado acceso a esta información y que continúe la falta de denuncia de las víctimas.

“Los datos de violencia sexual solo son los registros de algunas fuentes, y de casos que ya se llevan según FGR e ISDEMU, pero no se cuenta con un dato total debido al poco acceso a la información y la persistencia en no denunciar la violencia sexual”, destaca la experta.

Para Morena Herrera, defensora de derechos humanos, ocultar información sobre los casos de violencia sexual “fomenta la impunidad”. “Esto hace que los casos en los que está identificado el agresor, y más aún cuando es una persona cercana, con ello se fomenta más la impunidad, además la violencia se reproduce”.

Bolaños explica que en casos de violencia sexual está presente el término “cultura de la violación”, que ese refiere al entorno en el cual la violencia sexual infringida contra las mujeres se naturaliza y encuentra justificación en los medios de comunicación, en la cultura popular y en el sistema de justicia.

“Cuando se habla de la violación de forma concreta, y la violencia sexual de manera general, ambas han sido una constate a lo largo de la historia de la humanidad. En Mesoamérica, la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana, a tal punto que la opinión pública ni siquiera la percibe como parte del ‘problema del crimen’. Los datos existentes, aunque limitados, revelan que la mitad de las mujeres centroamericanas, por ejemplo, han sido objeto de violencia durante su vida adulta”, subrayó Bolaños.

EL AGRESOR, CERCANO
En los primeros seis meses de 2024, 25 casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes los cometieron padrastros de las víctimas, mientras que se identificaron 16 casos perpetrados por padres y el mismo número por tíos. Además, 10 hechos los consumaron primos.

“El hecho de que la mayoría de los agresores sean padrastros o figuras paternas dentro de los espacios de confianza muestra que la violencia sexual contra niñas no es solo un problema legal, sino también estructural y social”, señaló Bolaños.

El informe destaca que entre los victimarios también aparecen parejas y exparejas: novios (35 casos), convivientes (28), exnovios (19), esposos (7), exconvivientes (16) y exesposos (6).

Bolaños asevera que es importante que el Estado salvadoreño tome medidas para la prevención de la violencia sexual, además de proporcionar servicios de atención a las víctimas.

“Fortalecer recursos y presupuestos para dar una respuesta integral a las víctimas. Esta respuesta debe incluir enfoque de género, lo cual implica medidas de reparación y enfoque centrado en las necesidades de las víctimas. También, asegurar que los delitos de violencia sexual contra niñas sean imprescriptibles”, afirma.

Herrera, por su parte, asegura que dentro de la violencia sexual juega un papel fundamental la ausencia de los servicios de educación sexual y la falta de acceso a herramientas de atención en salud sexual y reproductiva. “El ministerio de Salud y el ministerio de Educación tienen en este punto una enorme responsabilidad”.