El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador rechazó esta mañana procesar a cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la (FGR) acusados de pertenecer a una red de corrupción judicial, en el caso llamado Corruptela.

Los acusados son los fiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres; y los empleados administrativos de la fiscalía Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal. La Fiscalía sostiene que giraron órdenes de captura ilegales y colaboraron en el desfalco de $426,000 de fondos públicos.

La jueza Novena de Paz, Ingrid Fuentes, dijo esta mañana que considera que el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador debe conocer el caso, y no ella. La juzgadora explicó que le toca a esa sede judicial porque la Fiscalía General de la República (FGR) inició ahí el caso contra todos cuando presentó la solicitud para que los ahora imputados se convirtieran en testigos criteriados.

Ingrid Fuentes reveló su postura esta mañana, cuando había convocado a los involucrados para dar a conocer la resolución del caso.

La Fiscalía había pedido a la jueza Fuentes que impusiera una fianza de $10,000 a cada imputado y otras medidas para que todos enfrentaran el proceso en libertad. Mientras que la defensa solicitaba que anulara el proceso porque, según dicen los imputados, la FGR los torturó y amenazó. La juzgadora no se pronunció por ninguna petición. 

La jueza aseguró que el Juzgado Séptimo de Paz debe llevar el proceso porque ya realizó dos audiencias por este caso en 2018: el 27 de agosto del año pasado autorizó que los dos empleados administrativos se convirtieran en testigos criteriados, y el 17 de diciembre emitió una resolución similar para los cuatro fiscales.

Luego, el 12 de junio de este año, la jueza Séptima de Paz hizo otra audiencia sobre el caso para aceptar la renuncia de los seis testigos criteriados. Los cuatro fiscales y los dos empleados renunciaron a ser testigos criteriados del caso Corruptela luego de que denunciaron que la FGR a cargo del ex fiscal general Douglas Meléndez los torturó y amenazó para que declararan.

Tras conocer la decisión de la jueza, los imputados improvisaron una breve rueda de prensa para reiterar que sufrieron torturas y amenazas. También dijeron que están seguros de que saldrán "victoriosos" en este caso.