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El reglamento reformado de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) establece que los trabajadores pueden declinar el uso del beneficio, pero los empleadores continúan obligados a cumplir con su provisión.
El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) emitió reformas al reglamento que regula la instalación, funcionamiento y supervisión de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley Crecer Juntos.
Entre las modificaciones incorporadas, destaca el artículo 9-C, que introduce la posibilidad de que un trabajador pueda decidir no utilizar la prestación laboral relacionada con el acceso a los CAPI. Según el texto, “se deberá dejar constancia por escrito de la negativa del trabajador al uso de la prestación. En ningún caso la referida constancia eximirá al patrono de cumplir con su obligación, si el trabajador solicita hacer uso de la prestación”.
El reglamento detalla que los empleadores deben garantizar el acceso de los hijos de trabajadores a los CAPI desde el término de la licencia de maternidad hasta que cumplan cuatro años de edad. Este beneficio, definido como obligatorio en el artículo 136 de la Ley Crecer Juntos, puede ser cumplido mediante la instalación de centros propios, contratación de servicios independientes o acuerdos con centros municipales.
Adicionalmente, el artículo 9-B establece que cuando un patrono y trabajador acuerden acogerse a la modalidad de prestación mediante reembolso, el empleado deberá presentar los comprobantes respectivos para hacer efectivo el beneficio.
El CONAPINA enfatizó que estas reformas buscan garantizar que la prestación sea accesible para las familias trabajadoras sin descuidar la obligación patronal, alineándose con estándares internacionales de derechos laborales y protección infantil.
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