Organizaciones de derechos humanos conmemoraron este 15 de marzo de 2025 el trigésimo segundo aniversario de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, destacando la persistencia de la impunidad en el país y la falta de justicia para las víctimas del conflicto armado.

Durante la conferencia de prensa la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador recordó que “la guerra civil generó miles de víctimas, principalmente por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte, así como, en menor medida, por grupos guerrilleros”, expresó David Ortiz, colaborador de la Comisión.

El informe presentado en 1993 recogió más de 22,000 denuncias de violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones resaltaron que la impunidad ha sido una constante en la historia del país. Como ejemplo, mencionaron la masacre indígena de 1932, en la que cientos de personas fueron ejecutadas por el ejército nacional. 

Destacaron que a pesar de casi un siglo transcurrido, no han existido investigación ni judicialización de los responsables. Además, señalaron que la masacre de 1932 consolidó a los militares como la clase gobernante, una situación que aparentemente finalizó con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979.

Continúa la impunidad

Sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado, las organizaciones indicaron que las estructuras de poder han garantizado la impunidad mediante diversas medidas, siendo la principal la Ley de Amnistía General aprobada el 20 de marzo de 1993. 

En un comunicado compartido por la comisión se critica el uso del Órgano Judicial para la protección de presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad, lo que ha estancado el proceso de justicia transicional en el país.

Las organizaciones también manifestaron su preocupación por la situación actual del país, señalando que persisten las mismas élites políticas y económicas que han controlado el Estado.

Señalaron que en los últimos años ha habido retrocesos en democracia, eliminación de la división de poderes, aumento de la corrupción y cierre de espacios de contraloría ciudadana. Asimismo, mencionaron un proceso de militarización, la persecución de defensores de derechos humanos y la criminalización de voces disidentes.

Las organizaciones que suscriben el comunicado reiteraron su compromiso en la lucha contra la impunidad y la exigencia de investigación, enjuiciamiento y sentencia de los responsables de violaciones a los derechos humanos. También hicieron un llamado a garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Después de casi 50 años, nuestra lucha no cesa y no cesará hasta encontrar justicia, verdad y reparación", concluyeron.