El examen periódico se realiza cada cuatro años para verificar el respeto a los derechos humanos por parte de los países miembros de la ONU. Organizaciones de la sociedad civil participaron y argumentaron las diferentes violaciones de derechos humanos en El Salvador, entre ellas, las precarias condiciones en las cárceles, desapariciones forzadas y muertes.
Representantes de organizaciones participantes de la pre-sesión ante la ONU, este martes 19 de noviembre de 2024.
Como parte del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), seis Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de El Salvador participaron este martes 19 de noviembre de la pre-sesión de esta evaluación, donde expusieron sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el país.
Las organizaciones expusieron en Ginebra sobre la falta de acceso a la información, falta de una normativa de justicia transicional, agresiones a periodistas, ataques a personas defensoras de derechos humanos, violencia digital, detenciones arbitrarias, discriminación basada en género, derechos sexuales y reproductovos, derechos de la niñez y congelamiento en invetigaciones de crímenes en el conflicto armado.
Además, pusieron sobre la mesa el tema de las muertes, capturas arbitrarias y torturas cometidas desde que inició el régimen de excepción en El Salvador.
Esta presentación forma parte del cuarto ciclo de evaluaciones que se realiza a los 193 Estados partes del EPU que comenzó en 2008. La evaluación se realiza cada cuatro años y medio y el último fue en 2019. Del 20 al 31 de enero de 2025 se realizará el examen para el Estado salvadoreño en la sesión número 48.
Victoria Barrientos, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), detalló que es en estos espacios donde las OSC pueden aportar y hacer incidencia en las reuniones que tienen con diferentes misiones diplomáticas interesadas en evaluar a El Salvador.
“Hay una oportunidad para la sociedad civil para enviar estos informes. Nosotras (DPLF) enviamos nuestro informe en junio de este año y el Estado tenía hasta octubre para presentar el suyo, para saber el grado de complimiento”, indicó Barrientos.
DPLF habló sobre las amenazas y discurso hostil hacia las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la falta de acceso a la información pública.
Abraham Ábrego, de Cristosal dijo que su intervención fue sobre seguridad pública, régimen de excepción tortura y desaparición forzada. Y que de acuerdo a las recomendaciones realizadas en 2019 no se cumplieron.
“Hicimos referencia que en el ciclo 3 (2019), El Salvador había recibido 17 recomendaciones sobre estas temáticas como mejorar las condiciones carcelarias, activar un registro sobre investigación de desaparecidos; reparación a víctimas sobre ejecución de extrajudiciales, protección de víctimas y de defensores. Pero valoramos que estas 17 recomendaciones no fueron cumplidas en su totalidad y que también había retrocedido los dos últimos años, sobre todo por políticas de carácter punitivo”, aseveró el abogado.
Además, expuso que el régimen “ha rebasado” estándares internacionales y ha provocado un retroceso en el derecho de garantías judiciales. También se refirió a los enfermos en los centros penitenciarios y las 312 muertes que ha registrado la organización en dicho contexto.
En estas pre-sesiones también se realizan recomendaciones por parte de estas OSC y se espera que sean cumplidas por el Estado correspondiente.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), expuso sobre la independencia institucional, la justicia transicional y la impunidad.
Además, insistió en que El Salvdor cumpla con las recomendaciones deciclos pasados, así como las situaciones nuevas. "Como sabemos, hay un detrimento en la situación del respeto a los derechos humanos en El Salvador actualmente", aseveró.
“Lo que se espera es que los estados puedan tomar en consideración las recomendaciones que se han planteado en estos informes y que justamente puedan retomarlas para hacerle esas recomendaciones al Estado de El Salvador”, manifestó Santos.
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