Organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas del régimen de excepción temen que eso afecte los procesos de la PDDH. Además, temen despidos y poco personal para verificar condiciones en cárceles y recibir denuncias de vulneraciones en otras áreas.
La PDDH tendrá un recorte presupuestario y de personal en 2025, según el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tendrá $10,7 millones a su disposición el próximo año, de acuerdo con el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, lo que significa un recorte de poco más de $2 millones en relación a la gestión del año 2024.
De aprobarse, este será el menor presupuesto para la institución desde el año 2020 cuando recibió $10,687,404 y queda lejos de los más de $15 millones que recibió en el año 2021.
Para organizaciones civiles y de derechos humanos, así como de víctimas del régimen de excepción, la reducción debilita el accionar de la institución en el acompañamiento a víctimas de agresiones a sus derechos.
De acuerdo con el último informe de labores de la PDDH, del periodo entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, el 78.27 % de la asignación presupuestaria, que corresponde a $11,377,724.16, fue destinado a remuneraciones (pago de salarios, aportes patronales y prestaciones laborales).
En ese periodo la institución, a través de la Unidad de Compras Públicas (UCP) realizó 169 procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios. No se especificó qué tipo de bienes y servicios se adquirieron, ni el costo de cada uno de ellos.
Según ese informe, actualmente están laborando 496 empleados, pero en la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2025 se realizará un recorte de 56 plazas, aunque tampoco se ha especificado qué áreas se verán afectadas.
La institución ha dado acompañamiento a familiares de capturados en el marco del régimen de excepción y otras vulneraciones laborales y familiares, entre otras.
Por ejemplo, según el mismo informe de labores, atendieron 1,243 denuncias a presuntas violaciones a derechos humanos y realizaron 618 verificaciones tras denuncias de vulneraciones a personas privadas de libertad. La mayor parte de esas verificaciones (el 80.7%) fueron realizadas dentro de las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) y atendieron a 5,863 privados de libertad.
LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la PDDH, a través de su unidad de comunicaciones, para conocer el impacto en el recorte presupuestario para el accionar de la institución y cómo alteraría las proyecciones o desempeño de sus actividades con el recorte de personal. Al cierre de esta nota aún se esperaba su respuesta.
Cabe mencionar que la PDDH también expuso que la PNC fue la institución más denunciada por vulnerar los derechos de los salvadoreños con 758 denuncias, seguido de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) con 239 y los Gobiernos Locales con 181.
Se está afectando la labor de instituciones como la PDDH que tiene el mandato de velar por los derechos humanos de las personas. Está claro que a este Gobierno no le interesa la situación de las personas, mucho menos de los afectados del régimen. El recorte también afecta a las familias de los privados de libertad”, dijo Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Para David Morales, jefe de Justicia Transicional de la organización Cristosal y quien funció como procurador de derechos humanos entre 2013 y 2016, el recorte presupuestario debilita el accionar de la PDDH que dentro de su mandato está el velar por la defensa de los derechos humanos, la cual ha sido señalada en la implementación del régimen de excepción (marzo de 2022).
Es una decisión lamentable aunque no es sorprendente en el contexto del autoritarismo que está gobernando nuestro país. La institucionalidad democrática está siendo desmontada o debilitada, cooptada desde el poder político presidencial, lo que no es sorprendente que de la vía presupuestaria se debilite a la PDDH”, mencionó Morales.
“Esto traerá consecuencias en el servicio que la procuraduría brinde a la población. Tiene para su amplio mandato un presupuesto ya sumamente reducido y todo se va en el gasto corriente y las acciones de protección o educación indispensables que debe realizar. Reducirlo es golpear su margen de acción”, agregó.
Para Morales, la actual procuradora (Raquel Caballero de Guevara) es una persona que se ha caracterizado por su silencio y el incumplimiento de sus facultades frente a los abusos a los derechos en la actualidad, principalmente al régimen de excepción. Pese a la carencia de independencia, considera que el personal técnico sigue recibiendo casos y haciendo un acompañamiento a las víctimas.
Jorge Rodríguez, investigador y coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dijo se debe gestionar mejor los recursos.
“Deberían bajarle presupuesto a la publicidad y propaganda gubernamental o a la Fuerza Armada, y dárselo a la PDDH para que aumente y mejore su capacidad de cobertura. Es lamentable la reducción presupuestaria que está teniendo la PDDH para 2025. Es una muestra más de la falta de enfoque de derechos humanos en la gestión pública y del olvido en el que están las víctimas en El Salvador”, indicó.
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