Empleados despedidos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) llegaron este 25 de febrero a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar dos denuncias contra la procuradora Raquel Caballero de Guevara, por el posible cometimiento de al menos dos delitos.

Según Guillermo Huezo, secretario general del Sindicato de Empleados y Empleadas de la PDDH (SEPRODEHES), explicó que la primera denuncia es por el abandono de obligaciones y responsabilidades, debido a que el 10 de febrero de este mismo año llegaron a la Procuraduría para denunciar la supresión de plazas que afectó a casi 100 empleados de la institución, pero esta no les fue admitida.

"Nos alegaron que la PDDH tiene un reglamento y que este tiene un mecanismo de protección que prohibe, según ellos, tomar denuncias contra personal de la PDDH", expuso.

Mientras que la segunda denuncia se debe a la retención de cuotas sindicales que la PDDH está realizando aún a los empleados despedidos, entre los que hay siete miembros de la junta directiva del SEPRODEHES que según Huezo contaban con fuero.

"Ya verificamos dos estados de cuenta y el banco nos ha informado que no hay depositos, a pesar que la institución nos ha retenido las cuotas al personal afiliado, pero no lo ha depositado. Creemos que lo que intentan es quitarnos los recursos con los cuales estamos pagando a los abogados para defendernos ante los despidos arbitrarios", añadió.

"Acoso interno en la PDDH"

Guillermo Huezo también denunció que los empleados que han quedado al interior de la PDDH les han dicho que hay "control" excesivo hacia el personal luego de los despidos y que los miembros de SEPRODEHES han sido marginados. 

"Hay un tumor terrible, lo contrario al espíritu de los derechos humanos. En la actual PDDH hay mucho temor de ser despedido, sancionado y sobre todo que no haya un debido proceso", expuso.

Los afectados recurrirán a la Cámara de lo Contencioso Administrativo para denunciar los despidos que consideran arbitrario y pedir el reinstalo como medida cautelar mientras se define la situación.

"Pedimos la investigación correspondiente, que se deduzcan irregularidades y que el sistema de justicia funcione. Queremos acceso a la justicia", añadió Huezo.