En junio de este año denunciaron la captura de varios de sus colegas y consideran que es necesario el tratamiento médico de los capturados. Hasta la fecha no han recibido información.
Los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados en mayo de 2024, acusados de planificar un atentado durante la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Todos son personas de la tercera edad.
Un grupo de veteranos de guerra y excombatientes, acompañados por la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), llegó ayer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar información sobre la denuncia interpuesta el 6 de junio y para solicitar que se verifique la condición de salud de los colegas capturados en mayo de 2024.
Piden que la PDDH realice un informe sobre el proceso penal en contra de los veteranos y excombatientes; que haya un pronunciamiento por el respeto a los derechos humanos y exija la libertad de los imputados y que se activen los mecanismos de protección ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según expuso Ivania Cruz, abogada y vocera de Unidehc, no han tenido información sobre los procedimientos realizados después de la denuncia interpuesta a raíz de la captura de los veteranos y excombatientes, acusados por supuestamente planificar un atentado terrorista para la toma de posesión del 1 de junio de este año.
"Han pasado 5 meses y la Procuraduría no ha notificado nada de ningún trámite. No sabemos si se ha hecho algún informe, no tenemos respuesta al seguimiento, no sabemos si se realizaron entrevistas, si se ha hecho algún informe, no sabemos nada de los compañeros", indicó Cruz.
Agregó que como defensa han realizado diligencias como la presentación de escritos y solicitudes en donde no han tenido respuesta. La etapa de instrucción finalizará el 15 de diciembre y consideran importante que un expediente de la PDDH sea incorporado al proceso.
En el caso de José Santos Melara, conocido como Pepe, presentaron un recurso ante la Cámara Primero contra el Crimen Organizado el 16 de junio del presente, sin que hayan tenido una respuesta en relación al otorgamiento de medidas sustitutivas a la detención.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido que se pueda otorgar la libertad a los imputados debido al delicado estado de salud de ellos. Este medio buscó la versión de la PDDH a través de la unidad de comunicaciones, pero al cierre de esta nota se esperaba su respuesta.
En este proceso, el 14 de junio de este año el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado decretó instrucción con detención provisional a todos los imputados y fueron trasladados al Centro Penal La Occidental, en Santa Ana, donde se encuentran recluidos.
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