El fallo del juicio contra cinco líderes ambientalistas y comunitarios de Santa Marta, en Cabañas, se pospuso hasta el viernes 18 de octubre y la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido la pena máxima para cada uno de los imputados, que sería de 36 años de prisión.

Los defensores, habitantes de Santa Marta y representantes de movimientos sociales sostienen que durante el juicio no se han presentado pruebas de los delitos que se les imputa a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

“Lo que estamos presenciando acá no es un juicio, porque no tiene ninguna base legal. La Fiscalía no ha tiendo la capacidad de demostrar ninguna prueba. De hecho este caso jurídicamente ya se ganó a favor de los compañeros que están detenidos y cualquier otra resolución que este tribunal de está en contra de estado de derecho”, declaró ayer José Luis Magaña, representante de la Red Continental por La Paz, que tiene presencia en Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana.

Representantes de otros países también estuvieron ayer dentro del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en apoyo a los ambientalistas.

“El gobierno de Francia, a través de su Embajada en El Salvador, ha enviado una persona como observadora y el Estado Español está presente a través de una representación de sus ONG de cooperación”, comentó Elvis Nataren, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta.

Mientras que Pedro Cruz, abogado defensor, declaró que las pruebas presentadas por Fiscalía han sido “débiles” y que “se han logrado desmontar una por una. No se ha logrado demostrar un delito ni la participación de los acusados”.

¿Por qué piden la pena máxima?

La Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció este 14 de octubre sobre el caso en sus redes sociales. El auxiliar asignado al proceso expuso que han pedido una condena penal y civil contra todos los implicados.

Según el representante fiscal, las penas máximas por los delitos imputados, basándonse en el Código Penal de 1973, serían de 30 años por asesinato, 3 años por privación de libertad y 3 años por asociaciones ilícitas. Eso para cada uno de los imputados en el proceso.

Sin embargo, en la audiencia preliminar, ya el Tribunal decidió subsimir (unir como parte de un solo delito) los cargos de asesinato y privación de libertad.

Los líderes de la comunidad Santa Marta están siendo acusados de privar de libertad y asesinar a una mujer durante la guerra civil salvadoreña, cuando ellos formaban parte de la guerrilla y porque, según la Fiscalía, la consideraban una informante del Ejército salvadoreño.

Sin embargo, los habitantes de Santa Marta consideran que este caso es solo una excusa para mermar la defensa que han hecho contra la minería.

“En este contexto de posible reactivación minera y luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición fueron capturados arbitrariamente los cinco líderes”, reiteraron ayer en un comunicado.