La Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuestionaron los recortes que el gobierno de Nayib Bukele pretende hacer a sus presupuestos  2025, y pidieron a la comisión de hacienda de la Asamblea considerar los montos que les han sido asignados.

La PGR proyecta tener una asignación de $34.4 millones para 2025. Mientras, en el caso de la PDDH, se le proyecta asignar $10.7 millones. 

En el presupuesto 2024, les fueron aprobados $38.2 millones a la PGR y $12.8 millones a la PDDH. El recorte programado, por tanto, es de $3.8 millones para la  primera y $2.1 millones para la segunda.

De las dos instituciones, la más contundente para exponer sus necesidades fue la Procuraduría General de la República, cuyo titular, René Escobar, no asistió a la comisión. Según Candy Parada, procuradora adjunta, Escobar se encuentra en misión oficial fuera del país; y debido a ese motivo no pudo asistir.

Sin embargo, Parada notificó a la comisión que el procurador les enviaba correspondencia en la que solicita que se le pueda sumar $5 millones para hacer frente a los déficit que enfrentan.

Parada citó como la principal deficiencia de la PGR el tema del personal, debido a la supresión de 355 plazas. De estas, al menos 100 son de defensores públicos, explicó. “Tenemos un déficit de 355 plazas que están suprimidas. De esas: 100, un poquito más, pertenecen a defensores públicos de las diferentes áreas de atención”, expuso.

En septiembre de este año, la PGR ejecutó un recorte masivo, cuando a personal con más de 60 años se les pidió presentar sus “renuncias voluntarias”, con el argumento de que la institución tendría un recorte presupuestario de $7 millones.

Tras conocerse el caso, la institución decidió retrasar el despido del personal hasta el pasado 1 de noviembre. Al materializarse, ese sería el déficit al que Parada hizo alusión en la comisión.

Los defensores públicos son el personal que representa a la población ante tribunales cuando estos no tienen recursos para costear un abogado particular. 

En muchos casos, es a los defensores públicos a quienes ha correspondido representar a personas detenidas en el régimen de excepción, lo que ha conllevado denuncias de saturación de trabajo y sobrecarga laboral en el personal, la cual se vería agravada por el recorte.

Además, Parada también indicó que necesitan el refuerzo presupuestario para poder salir adelante con mejoras en su sistema informático, el cual fue vulnerado en abril de este año, cuando el grupo de Ciberinteligencia filtró información de la PGR en la deep web. A la fecha, la Procuraduría no había reconocido el ataque ni se había pronunciado al respecto.

Luego, en el caso de la PDDH, la procuradora Raquel Caballero de Guevara fue más cauta y solo se refirió al recorte a nivel global del presupuesto.

Caballero señaló, en primer momento, que “dado los reajustes que se han hecho a nivel interinstitucional, tenemos un déficit de $2 millones”. 

Luego, la procuradora matizó al señalar: “Hemos venido adecuando  nuestro presupuesto, es lo que nos haría falta para el 2025;  pero, no obstante, con los retos y desafíos, los organismos de cooperación nos han venido apoyando y ya tengo propuestas concretas para poder desarrollar nuestro presupuesto”.

Ante las peticiones de las instituciones, el diputado Caleb Navarro señaló que tomaban nota de la petición para poder analizar  las mismas, antes de dictaminar el presupuesto para 2025.