Abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitario de El Salvador (UNIDEHC) presentaron un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Jueza de lo Ambiental de San Salvador por no priorizar el derecho de los comerciantes afectados por el desmantelamiento y quema de sus ramadas en la Costa del Sol. 

El aviso penal es en contra de la jueza Nidia Oneyda Cáceres de Jimenez por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, al supuestamente no priorizar el derecho de defensa de los comerciantes y que no se haya cumplido la medida reubicación de los afectados, explicó el abogado de UNIDECH, Rudy Joya. 

"La denuncia radica en que ese debido proceso, ese derecho de defensa que las comerciantes debieron tener desde el inicio, el tema de las inspecciones judiciales que tuvo que haber hecho en la zona para precisamente evitar la quema desmesurada o actos arbitrarios que la alcaldía realizó (...)  así como también parte de las acciones abitrarias que ha hecho esta jueza, que es no priorizar el tema de que la alcaldía no ha cumplido con una de las indicaciones que el Juzgado Ambiental dio que era reubicar a los comerciantes", dijo Joya.

El abogado cuestionó que en este caso no se hayan iniciado acciones en contra del alcalde de La Paz Centro, Armando Jirón, por incumplir medidas como la reubicación de los vendedores. 

En enero pasado, Jirón aseguró que las leyes ambientales y la falta de propiedades municipales imposibilitan la reubicación de los comerciantes. 

“Difícilmente hay opciones de reubicar a las personas, porque en la playa están prohibidas las ramadas y no tenemos propiedades para hacerlo”, declaró Jirón durante la audiencia de vista pública celebrada este lunes 27 de enero en el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz Este.

La diligencia, que también involucra al jefe del departamento de Catastro de la municipalidad, César Augusto Ticas González, responde a las acusaciones de la Fiscalía por presuntos abusos cometidos entre el 10 y el 13 de mayo de 2024 cuando, según el Ministerio Público, ambos procesados habrían excedido sus funciones al ordenar la quema de negocios frente al balneario del Turicentro Costa del Sol.