Analistas consideran que hay un refuerzo a la imagen punitiva y un intento de evitar que los líderes de la MS-13 revelen información en Estados Unidos; pero consideran que los costos también serán altos a nivel de justicia internacional.
Imagen de la llegada de pandilleros de la MS-13 y de El Tren de Aragua a El Salvador, el 16 de marzo de 2025.
Que El Salvador albergue a prisioneros de Estados Unidos en sus cárceles podría traer más resultados negativos que positivos, según analistas de política, seguridad y derechos humanos en la región.
LA PRENSA GRÁFICA consultó con cuatro especialistas y coinciden en que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha reforzado, con las deportaciones, la imagen de su política de seguridad, pero que también se abre la puerta para que el presidente de El Salvador enfrente la justicia internacional.
“Lo principal que gana el gobierno de Bukele es mostrarte como lo que han tratado de remarcar, que son un modelo exitoso de seguridad, que han logrado dominar a las pandillas más peligrosas y que su emblema además es la capacidad de gestión que se tiene de estos criminales dentro de la cárcel del CECOT”, opinó Verónica Reyna, directora del programa de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
La investigadora cree que el gobierno salvadoreño intenta congraciarse con Estados Unidos haciéndose cargo de población que este país no quiere gestionar.
Si hay demandas concretas por la situación estas caerán sobre El Salvador, no sobre Estados Unidos, porque las condiciones en las que se encuentren estas personas (en las cárceles) será responsabilidad de El Salvador”, añadió.
Un señalamiento muy parecido hace Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Wathc (HRW): “El Salvador se está ofreciendo cnomo una especie de Güantanamo centroamericano, con lo cual el presidente Trump pretende evadir el escrutinio público y judicial sobre el tratamiento a los migrantes y solicitantes de asilo”.
Napoléon Campos, especialista en relaciones internacionales, reafirmó que no existe ninguna base legal para que El Salvador albergue a presos de otro país y advierte que los efectos negativos se verán muy pronto.
Si él, a título personal, asumió todas las responsabilidades de este acuerdo, entonces a mí no me extrañaría que el señor Bukele a título personal sea presentado como responsable y que se le pida cuentas por la justicia internacional”, analizó Campos.
Luego resaltó que “se ha abierto un capítulo complejo y sin precedentes en el hemisferio, porque no conozco antecedentes, al menos no en el Siglo XXI”.
Mientras que Ricardo Alfaro, investigador en políticas latinoamericanas, ve un refuerzo en la imagen de El Salvador, pero también ve riesgos.
Vemos este proceso de deportación y lo que se logra es reforzar la imagen que se quiere transmitir como país, con esta política punitiva, de fuerza a nivel penitenciario y también fortalece la imagen de que El Salvador es un país de primer mundo, que tiene la capacidad de recibir criminales de otros países desarrollados como lo es Estados Unidos”, expuso.
Pero también cree que “a nivel regional de El Salvador lo primero que podemos observar es poca fraternidad a nivel Latinoamericano para poder darle prioridad a un sistema de seguridad fuerte; mientras que de Estados Unidos vemos una imagen de que velará por sus propios intereses y los problemas transnacionales ya no son problemas nuestros, como también hizo con el cierre de USAID”.
Los expertos también consideran que la deportación de altos líderes de la MS-13 le garantiza al gobierno salvadoreño el control sobre la información que estos tienen y que podían revelar en procesos judiciales en los Estados Unidos.
“Me temo que la decisión de enviar a altos líderes de la MS-13 a El Salvador puede ser utilizada para impedir que estas personas testifiquen sobre el acuerdo que existió con el gobierno de Bukele a comienzos de su mandato. Me parece que acá, además de grandes violaciones a derechos humanos, corremos el riesgo de que haya un encubrimiento del pacto entre Bukele y la MS-13”, señaló Pappier.
Reyna también cree que albergar a los deportados venezolanos fue una “moneda de cambio” que utilizó el gobierno salvadoreño para traer de regreso a los líderes de las pandillas salvadoreñas.
Acá (en el país) el gobierno del presidente Bukele puede tener control de la información que manejan estos líderes e incidir en el proceso penal que se lleva en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde hay documentación que comprueba los pactos de la pandilla con el gobierno”, sumó Reyna.
Cabe recordar que Estados Unidos ya deportó a uno de estos líderes: Cesar Antonio López Larioa, alias “el Greñas”.
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